Fiscal explica cómo las normas creadas por el Gobierno de Dina Boluarte los obliga a soltar a los delincuentes

En una entrevista concedida a Radio Bethel, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, quien ocupa el cargo de titular y coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, aclaró que no existe un conflicto real entre la Policía y el Ministerio Público, como algunos miembros han sugerido en declaraciones recientes. Según Chávez Cotrina, el problema tiene un trasfondo más político que institucional.

"Hay personas que se han dedicado estos últimos tiempos a desacreditarnos y decir: 'hemos capturado a 20 y los fiscales los sueltan', pero no les dicen a la población ¿por qué los fiscales los sueltan?", dijo Chavez.

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Seguidamente, explicó que la liberación de los delincuentes capturados por los policías se debe a las normas aprobadas por el actual Gobierno de Dina Boluarte para despenalizar los centros penitenciarios, siendo algunos ejemplos la elevación de la valla para la prisión preventiva de 4 a 5 años o la aprobación de una nueva ley, el año pasado, que indica que si un ciudadano de entre 18 y 25 años es detenido, la pena será suspendida.

La despenalización de los penales

De acuerdo con Chavez, las cárceles del Perú se encuentran actualmente al 240% de su capacidad para recluir internos, sumado que no se ha construído penales hace diez años, el actual Gobierno está buscando despenalizar los centros penitenciarios.

Asimismo, indicó que la comunidad internacional ha precisado que las cárceles peruanas ya no son centros de rehabilitación, sino lugares de potencialización de la criminalidad.

Penal de Ica quedó paralizado

Durante la entrevista, se menciona el mega penal de Icca que se planteó como el centro penitenciario más grande del país, destinado a solucionar los problemas de sobrepoblación al tener la capacidad de contener a más de 3.200 reclusos. Este proyecto fue considerado en 2013 y comenzó su construcción en 2018, pero los procesos burocráticos hicieron que finalmente quede paralizado en 2020.

La obra tuvo un costo inicial de 380 millones de soles, diseñada para alojar a más de 3,200 internos en 914 celdas. Sin embargo, Latina informó que la Contraloría General de la República proyectó que los gastos excederían los 700 millones de soles, duplicando así la cifra original. Este considerable incremento sería financiado mediante el nuevo decreto de urgencia.

Adicionalmente, el INPE tenía en sus planes ampliar los penales en ciudades como Trujillo, Arequipa y Loreto, además de construir nuevos centros penitenciarios en Cajamarca, Huánuco, Lima y Huancavelica, orientados tanto para internos de régimen ordinario como de alta peligrosidad. Estas iniciativas buscan dar respuesta al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que insta a combatir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

Según la sentencia, si el INPE no logra reducir este problema para el año 2025, se implementarán medidas adicionales del TC, como el cierre de las cárceles con mayor sobrepoblación y la reubicación de sus internos en otros centros.