La congresista Ruth Luque cuestionó que el Gobierno de Dina Boluarte oficializara las modificaciones de la Ley 32108 que aprobó el Congreso de la República, la cual es cuestionada por los beneficios que le otorga a la criminalidad organizada. A través de sus redes sociales, la parlamentaria dijo que es una costumbre que la jefa de Estado no observe las leyes del Legislativo.
"Hoy se publican modificaciones a la Ley 32108, la misma que debió ser derogada, pero eso no sucedió. Como ya es costumbre, Dina Boluarte no lo observó, al igual que no observó la Ley 32108", dijo Luque.
Sobre ello, dijo que la Ley 32108 señala que para que un delito sea considerado organización criminal debe estar sancionado con 6 años o más; sin embargo, con esta modificación, el Congreso la cambió a 5 años, pese a que la Convención de Parlamento recomienda que sea a 4 años.
"La Convención de Palermo dice que por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años ¿por qué la mayoría de congresistas no puso 4 años? Porque están pensando en sus casos", expresó la congresista.
Luque explica., además, que la Ley 32108 obligaba la presencia del abogado del allanado, pero con esta modificación ahora esa responsabilidad la trasladaron a los defensores públicos del Ministerio de Justicia, quien deben estar presentes desde el inicio hasta el final, bajo responsabilidad funcional.
"De nada sirve que hayan modificado la definición del tipo penal y retirado "cadena de valor" si los delitos a considerar siguen siendo con penas de 5 años o más. En resumen, no han solucionado el problema legal generado. Lo adecuado habría sido derogar la Ley 32108 y luego ofrecer una nueva ley acorde a los desafíos que nuestro país exige para castigar la delincuencia y no favorecerla", sentenció.
Dina Boluarte afronta una nueva crisis por la inseguridad del país.
El último sábado 19 de octubre, el Gobierno de Dina Boluarte oficializó las modificaciones a la Ley 32108, conocida como ley contra el crimen organizado, a pesar de que gremios de transportistas exigieron la derogación de la referida norma.
Las modificaciones a la Ley 32108 fueron oficializada en el diario El Peruano. La norma lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente de Consejo de Ministros.