Congreso evitó debatir proyecto de ley de terrorismo urbano: sesión del Pleno fue mandada a cuarto intermedio

Tras un largo debate, el presidente de la comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca, pidió que se pase a un cuarto intermedio y un tiempo prudencial. "Por la paz social y para proteger la vida de todas las personas", expresó.

El pedido fue aprobado por la vicepresidenta, Patricia Juárez.

"Es un absurdo desde su nombre. Es puro populismo para llamar la atención. El terrorismo está relacionado con objetivos políticos y esto es crimen organizado", expresó.

Luego de que el parlamentario de Perú Libre revelara que fue extorsionado, la congresista de Fuerza Popular afirmó que también era víctima de extorsión. "Uno se siente un ciudadano más", dijo.

El congresista Pasión Dávila de Perú Libre aseguró durante el debate del Congreso que era víctima de extorsión.

Alejandro Cavero recalcó que si bien existen varios delitos que no se toman en cuenta en el proyecto de ley contra la criminalidad sistemática, asegura que se debería incluir tres principales: tráfico de terrenos, narcotráfico y mineria ilegal.

Durante el Pleno del Congreso, el parlamentario Américo Gonza aseguró que el crimen organizado sería culpa de los venezolanos: "El Gobierno de PKK abrio las fronteras para que extanjeros vengan al Perú y formen bandas criminales y ahora se ha descontrolado".

Además, el congresista arremetió contra el CAL: "El Colegio de Abogados prácticamente quiere legislar enm lugar de nosotros".

El congresista Juan Burgos acaba de revelar en el Pleno que el parlamentario Héctor Acuña viene siendo extorsionado, hasta el punto que le han dejado una granada fuera del colegio de su propiedad, en Trujillo.

El congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, alega que el proyecto de ley debe mencionar los delitos de extorsión, sicariato y otros, como un "acto terrorista", omitiendo que para que sea considerado con esa denominación debe tener un fin político.

Juan Burgos en debate del Congreso: "No le teman al término 'terrorismo urbano porque no existe terrorismo de baja intensidad como pretenden engañarnos".

Previo al inicio del debate del proyecto de ley de la inicialmente llamado 'terrorismo urbano', se anunció que se cambió el nombre a proyecto de ley contra la criminalidad sistemática.

Previo a la votación para aprobar o rechazar el proyecto de ley contra el crimen organizado, Burgos expresó en el Pleno lo siguiente: “Pedimos facultades de comisión investigadora ante las evidencias encontradas, y pido que en esta sesión se priorice ese importante punto porque realmente necesitamos respuestas y la población necesita respuestas de lo que ocurrió el 24 de febrero con el vehículo presidencial de la presidenta de la República”.

El Pleno del Congreso, con 69 votos a favor, ha aprobado una moción que solicita al Poder Ejecutivo, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que presenten, en un plazo máximo de 20 días, un proyecto de ley para reformar el sistema de justicia y el sistema penitenciario del país.

La modificación que hoy se debeate en el Pleno tiene por objeto cambiar los artículos 108-C, 108-D y 200, además de incorporar el artículo 315-O al Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N.º 635. El Congreso señaló, mediante oficio, que esta modificación fortalecería las acciones de lucha contra la inseguridad ciudadana.

Susel Paredes brindó declaraciones a la prensa, horas previas al debate de la ley sobre terrorismo urbano, y se exaltó al mencionar la norma que impide que las agrupaciones políticas sean investigadas por presunta organización criminal.

Video: Mirian Torres/La República

"Es un método de intervención militar los grupos que quieren llegar al poder. No sirve para estrategia de seguridad ciudadana y crimen organizado. Están pensando solo en Lima", dijo para los medios.

Foto: difusión

En este proyecto de ley sobre terrorismo urbano, el Gobierno de Dina Boluarte también incluyó una medida de impunidad en favor del Ejército y la PNP. En caso se apruebe este proyecto, los abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares, durante un estado de emergencia, pasarán a ser investigados por el Fuero Militar y ya no por la Fiscalía, lo que conllevaría que estos casos puedan archivarse y simplemente quedar en nada.

Foto: Diego Quispe/La República

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso su propuesta sobre terrorismo urbano; no obstante, a forma de contrabando añadió una medida que va en contra de la libre protestas. El Gobierno de Dina Boluarte busca sancionar con pena privativa no menor de diez ni mayor de quince años a aquellos que salgan a marchar a las calles.

Foto: Congreso

Con 75 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso ratificó el proyecto de ley 484 que crea el Colegio de Politólogos del Perú.

Foto: difusión

En la sesión del Pleno del 19 de setiembre de 2024, fue aprobado en primera votación por 65 votos a favor, 17 votos en contra y 7 abstenciones, el texto sustitutorio de la Comisión de Educación, presentado el 18 de setiembre de 2024, que busca la creación del Colegio de Politólogos del Perú. Especialistas y estudiantes de Ciencia Política rechazan propuesta que los obligaría a colegiarse y titularse para ejercer la disciplina.

Ante este debate para tipificar el delito de terrorismo urbano, el abogado penalista Carlos Caro explica que estos delitos comunes como la extorsión y el sicariato ya existen dentro del Código Penal y que tienen penas como la cadena perpetua. “Cambios en el código penal no necesitamos, ni normas procesales. Necesitamos inteligencia policial y eficacia en los procesos penales”, sostuvo.

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El Congreso está impulsando modificaciones al Código Penal a través de varios proyectos de ley en la que destaca la incorporación del delito de "terrorismo urbano", con la que se busca sancionar actos que van contra la tranquilidad pública. Se propone penas que oscilan entre 20 a 30 años de prisión. Además, se establece la eliminación de beneficios de reducción de pena para los condenados.

Foto: composiciónLR/La República

Para el experto en materia de seguridad, Rubén Vargas, estrategias como el aumento de penas o el cambio de nombre de un tipo penal -como la figura de terrorismo urbano- son medidas “en la línea de la demagogia y de un populismo penal absolutamente irresponsable”, sostuvo para La República.

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