Organizaciones civiles envían carta a la OCDE por ley del Congreso que atenta contra las ONG

Organizaciones de la sociedad civil se unieron para enviar una carta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde expresan su preocupación por la iniciativa del Congreso que busca someter a las organizaciones no gubernamentales (ONG) al control permanente de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga, aprobó un dictamen que modifica la Ley N° 27692 para que la APCI sea la encargada de fiscalizar a las ONG y verificar el uso adecuado de sus recursos financieros, además de elaborar un registro de las organizaciones que, a su criterio, realizan activismo político.

Mediante un pronunciamiento, las organizaciones informaron que la carta ha sido enviada a la Secretaría de la OCDE, con copia a los puntos de contacto nacional de doce miembros de la mencionada organización, para alertar que esta iniciativa representa una amenaza a la defensa de los derechos humanos en el país.

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Asimismo, señalan que el objetivo de la propuesta del Congreso es vigilar a aquellas organizaciones que reciben apoyo de la cooperación internacional, permitiendo que el Estado tenga un 'control excesivo y arbitrario'. Esto podría generar que las ONG que resulten incómodas puedan ser perseguidas bajo el pretexto de una 'fiscalización'.

"Estas modificaciones legales permiten al Estado controlar de manera arbitraria a las organizaciones que defienden los derechos de las poblaciones excluidas, afectando seriamente el derecho a la libertad de asociación y expresión", señalan los representantes en la carta. También advierten la creación de una lista con las ONG que hagan activismo político, algo que podría ser considerado "ilegal".

Organizaciones alertan criminalización y estigmatización de ONG

La carta resalta que estas iniciativas del Congreso se dan en un contexto donde hay una creciente restricción a la participación de miembros de la sociedad civil, así como la criminalización y estigmatización de organizaciones indígenas y ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

"En este sentido, AIDESEP, la organización nacional de pueblos indígenas amazónicos ha condenado públicamente las modificaciones, describiéndolas como una herramienta para disolver organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos", continúan.

A su vez, las organizaciones emplazan al Estado, como parte de su adhesión a la OCDE, a establecer un compromiso con la libertad individual, la democracia, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos.

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Y hacen eco a los pronunciamientos de diferentes organismos internacionales para observar e impedir el avance de la norma que atenta contra las ONG.

"En consonancia con la posición de varias embajadas y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las organizaciones instan a la OCDE a exigir al Estado peruano la reversión de estas enmiendas para cumplir con la hoja de ruta de adhesión y asegurar un entorno que proteja los derechos humanos y promueva una democracia inclusiva", finaliza el comunicado