Caso Manta: víctimas de violación durante el conflicto interno esperan condena de 13 militares
Los graves hechos ocurridos en 1984 en el distrito huancavelicano de Manta contra jóvenes campesinas serán resueltos este miércoles 19 de junio, 40 años después. La actividad probatoria fue intensa y diferente para demostrar la responsabilidad penal de los militares, señala abogado de las víctimas.
Las mujeres de Manta, región Huancavelica, que en 1984 fueron víctimas de violación sexual por militares del Ejército cuando aún eran adolescentes, esperan alcanzar justicia este miércoles 19 de junio, fecha en que la Corte Penal Nacional dictará sentencia a los 13 militares procesados.
La fiscalía formalizó la denuncia en 2007 señalando que las violaciones sexuales constituían tortura y crímenes de lesa humanidad, pero las nueve mujeres que se atrevieron a denunciar a los 13 militares recién pudieron dar sus testimonios al tribunal el 24 de febrero de 2021.
Ante los magistrados, ellas relataron las terribles circunstancias en que fueron violentadas por los militares que se habían instalado en Manta para enfrentar al terrorismo.
No fueron pocos los momentos en que las autoridades judiciales tuvieron que detener sus preguntas en razón al estado de conmoción de las mujeres al rememorar los hechos y el impacto que habían causado en sus vidas.
Fue el caso de Marilia, quien se convirtió en madre a los 16 años a causa de esta agresión. Refirió que una noche, en momentos que hacía su tarea escolar junto a su sobrina, un golpe de patada contra la puerta de su casa las asustó. Eran dos soldados.
“...Me agarraron a mi y a mi sobrina. Uno de ellos me arrastra a la cama, a mi sobrina la llevan al otro cuarto…Yo grito y grito, pero no sé si es demasiado fuerte para que alguien me escuche… Con mi pie hago fuerza, pero el soldado me lo dobla, agarra el arma que lleva colgada y rastrilla. ¡Cállate, terruca!, me dice. Me viola…No fue la única vez, el mismo moroco me violó por segunda vez. Quedé embarazada…Los compañeros varones y mujeres del colegio al notarme la barriga se alejaron de mí. Ya no querían ser mis amigos. Me sentía sola y diferente…No sabía qué hacer con mi hijo a los 16 años”, refirió.
María, otra de las víctimas, mencionó que cuando estaba con su tía en el parque esperando un salvoconducto para salir de Manta, el suboficial a cargo ordenó que pasen a la Base Militar. No querían entrar, pero un soldado hizo sonar su arma y las obligó. “Pasen pa’ dentro, carajo terrucas”, les conminó.
Ambas fueron violadas. “Después de violarnos puso música y nos hizo tomar …Había sido las 4 de la tarde más o menos y a eso de las 8 de la noche el suboficial le encargó al soldado que nos deje ir, pero primero gritó: ¡Hagan su cola!”.
María manifestó que el militar dividió la tropa en dos grupos de 15 soldados y nuevamente ellas fueron violentadas. Las dejaron ir al amanecer.
Actividad probatoria
El abogado Carlos Rivera, de IDL, señaló que este ha sido un juicio complejo, porque se ha juzgado crímenes ocultos y eso ha obligado a desarrollar una actividad probatoria intensa y diferente.
Dijo que han logrado determinar con certeza que las mujeres no fueron convencidas por las ONG para denunciar a militares, como dicen los abogados de los perpetradores, sino que fueron víctimas de agresiones sexuales, algunas múltiples, cuando eran niñas de 14 y 15 años en adelante. Y que eso ocurrió porque era práctica constante en los lugares donde los militares tenían un control territorial de zonas alejadas de la ciudad.
“Hemos acreditado que los crímenes se dieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y ocurrieron desde el momento en que las fuerzas armadas, en marzo de 1984, decidieron ingresar a tener un control territorial en respuesta al grupo terrorista Sendero Luminoso que merodeaba el norte de Huancavelica. Tan absoluto era el control, que el alcalde y cualquier vecino tenía que solicitar un salvoconducto al jefe de la Base Militar de Manta para entrar o salir del lugar. Eso creó un nivel de sometimiento de la población a las fuerzas armadas”, explicó Carlos Rivera.
También indicó que fue muy difícil obtener la identidad de los perpetradores, porque el Ejército nunca facilitó los nombres de los oficiales y subalternos que habían estado en esa Base Militar, razón por la que la investigación preliminar duró mucho tiempo. Y que, además, no pudieran ser identificados los cerca de 30 casos que recibió la CVR en 2003 y se considerara solo a 9 de ellos”, acotó.
Declaraciones, pericias psicológicas y antropológicas
La base fundamental de la actividad probatoria ha sido la declaración de las denunciantes. Carlos Rivera refirió que lograrlo no fue sencillo porque varias de las víctimas nunca contaron a su familia lo que les había sucedido. El tener que hacerlo y decir que estaban siendo consideradas en una investigación penal por ese delito les generó problemas muy serios dentro de su familia.
Otro aspecto importante fue la presentación y actuación de pericias psicológicas, porque una de las preguntas que la defensa se planteó era cómo acreditar una violación sexual ocurrida hace muchos años. No se podía demostrar a través de un examen médico legal.
De ahí que incorporaron la posibilidad de hacer pericias psicológicas, lo cual fue un paso adelante en la actividad probatoria de crímenes contra derechos humanos.
“Se ha logrado ingresar a otra dimensión de la actividad probatoria, dando cuenta que ese nivel de ataque sexual no es algo que desaparezca con el tiempo. Es una herida interna que queda largamente en la vida y en la psiquis de las mujeres, y eso se evalúa mediante una pericia psicológica que hizo tanto el Instituto de Medicina legal del Ministerio Público del Ministerio Público como el Centro de Asistencia Psicosocial, la ONG que atiende a víctimas del conflicto armado, que hemos aportado. Ambas han acreditado lo mismo”, precisó Rivera.
Asimismo, agregó que se ejecutaron pericias de carácter antropológico y social, que ayudaron a entender durante el juicio el contexto social en que se desarrolló la vida de estas mujeres, absolutamente contrario a sus derechos, tanto que cuando se hizo público lo que les había ocurrido, ellas fueron rechazadas y varias tuvieron que salir de Manta.
“Yo creo que todo esto va a determinar que el tribunal emita una sentencia condenatoria, que es lo que corresponde. De la intensa actividad probatoria no veo la posibilidad de que el tribunal concluya por una absolución, no lo veo así. Se ha logrado de manera satisfactoria la responsabilidad penal de los implicados”, afirmó el abogado de IDL, Carlos Rivera.
