Congreso busca vulnerar institucionalidad de 995 ONG en el Perú
En conversación con La República, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruíz, instó que el dictamen sea debatido en el pleno del Legislativo y que se invite a las organizaciones a participar en las sesiones para expresar sus opiniones, advirtiendo que de concretarse, se podría presentar una demanda de inconstitucionalidad.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó recientemente un dictamen que podría impactar significativamente a las 995 ONG registradas en el país. Esta decisión legislativa pone en riesgo la institucionalidad y podría afectar tanto el funcionamiento como los derechos fundamentales de estas organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa aprobada por los integrantes de dicha mesa de trabajo modifica algunos artículos de la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el objetivo de regular sus competencias de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales. Para este cambio, se han presentado un conjunto de 6 proyectos de ley.
Juan Carlos Ruiz, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), conversó con La República respecto a la iniciativa que ha sido aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo y cuestionó el argumento de la misma, ya que, a su consideración, algunos puntos del proyecto de ley apuntan a controlar a aquellas ONG cuyo trabajo resulta incómodo para el Gobierno.
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Argumentos son genéricos, advierte abogado de IDL
Para el abogado del IDL, el proyecto de ley contiene argumentos muy abiertos y genéricos, lo cual no podría generar un esclarecimiento más profundo para la fiscalización a las organizaciones no gubernamentales y que podría abrirse a procesos de abuso. No obstante, aclaró que no se oponen a los trabajos de supervisión, pero que las premisas que se han presentado deben ser más claras.
Señaló que el Tribunal Constitucional ha establecido que cuando determinada ONG ha cometido una infracción, esta debe ser sancionada por escrito de manera clara y precisa. Asimismo, indicó que se deberían especificar los términos del uso adecuado de los recursos asignados.
"Todos debemos ser fiscalizados, pero la cosa no va por ahí, es un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. La primera crítica es la que siempre ocurre con estas cosas y es que los supuestos de infracción, en este caso de infracción muy grave, son abiertos, vagos y demasiado genéricos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy clara: para que te sancionen, debe estar escrito y previamente establecido estos presupuestos de acción, de manera clara y precisa, de tal manera que no dé pie al abuso. Por ejemplo, ¿qué es el uso debido de los recursos? ¿Qué es una utilización debida? ¿Nadie lo sabe con certeza?", dijo a este medio.
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Se podría criminalizar las manifestaciones públicas, asegura Juan Carlos Ruíz
Asimismo, criticó que dicha iniciativa intente criminalizar las manifestaciones públicas. Recalcó que existe el derecho a la reunión para que determinados grupos sociales puedan plasmar sus reclamos y consideró como abuso que se intente sancionar a las ONG que financian estas acciones de la ciudadanía.
Indicó que, de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, las organizaciones podrían recibir aproximadamente 2.000.000 de soles solo por apoyar a sectores sociales a ejercer un derecho fundamental. Subrayó que el hecho de apoyar a distintos grupos no se debe interpretar como que se avala el vandalismo.
"La tercera crítica que más preocupa es aquella que menciona la posibilidad de sancionar el financiamiento de actividades que afecten el orden público, la seguridad ciudadana y el orden interno. Esta norma es sumamente peligrosa, ya que podría llevar a la criminalización de las manifestaciones públicas en el ejercicio del derecho a la protesta. Existe un derecho a la libertad de reunión, participación, libertad de opinión y derecho de petición. Estos cuatro derechos amparan el derecho a la protesta. Establecer como una infracción muy grave el apoyo a la población para ejercer un derecho fundamental como es el derecho a la protesta, con una multa de 2 millones de soles, equivale a criminalizar el ejercicio fundamental de la protesta. No estamos hablando de actos de vandalismo", sostuvo.
Lo que necesita el país, es que la gente haga política
Además, Ruiz manifestó que en la actualidad, el país necesita más ciudadanos que realicen actividades políticas, y que dicho dictamen abriría puertas al abuso. Insistió en que se intente criminalizar de manera clara el apoyo a las movilizaciones sociales.
"El cuarto tema que a mí me preocupa de esa norma es cuando se dice que se va a hacer una lista de aquellas actividades que promueven el activismo político. Lo que este país necesita es que la gente haga más política. En realidad, este dictamen tiene normas peligrosas que abren puertas al abuso, pero también criminalizan de manera clara el apoyo a las protestas. Nadie está en contra de que se fiscalice a las ONG, porque hay ONG buenas y malas, pero no se puede generalizar", argumentó.
Dina Boluarte promulgará Ley que afectaría el rol de las ONG, advierte Juan Carlos Ruíz
El letrado indicó que este dictamen debe entrar en debate en el pleno del Legislativo y que las ONG deben participar en las sesiones que se puedan programar. Además, se mostró seguro de que el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte promulgará esta propuesta si se convierte en ley.
Añadió que la jefa de Estado está controlada por el Congreso y que no tomará ninguna acción en contra de una supuesta aprobación que pondría en peligro el trabajo de las ONG. Ruiz consideró que el mencionado proyecto sería una embestida del Parlamento contra las organizaciones no gubernamentales, las cuales se han mostrado en contra de sus iniciativas.
"Este dictamen debe entrar en debate en el pleno, yo creo que deben invitar a las ONG a que emitan su opinión. No han invitado a ninguna ONG, cuando tú debates estas cosas tienes que invitar a los involucrados y a la cooperación. Y en caso de concretarse, esto amerita que se presente una demanda de inconstitucionalidad. Yo tengo la absoluta seguridad de que Dina Boluarte se encuentra controlada y sometida en el Congreso y si este dictamen se convierte en ley, ella lo va a promulgar. Este tribunal también está sometido a este Congreso porque lo ha elegido, realmente lo que tenemos es un cuadro muy complicado. Yo creo que este proyecto de ley es en parte una embestida que hace el Congreso contra quienes resultan incómodos", señaló a La República.
