Con 10 votos a favor y 1 en contra se aprobó por mayoría una denuncia de oficio contra el congresista José Arriola (Podemos Perú) por presuntamente recortarle el sueldo a sus trabajadores. Inicialmente, el parlamentario había sido blindado por el Congreso cuando el último 27 de mayo, con 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención, decidieron que no sería sancionado. Sin embargo, un reportaje de Punto Final reveló diversas evidencias que demostraban envíos de dinero a Arriola de parte de sus laburantes.
Varios ex trabajadores del despacho de Arriola han testificado ante el Ministerio Público, donde detallaron cómo fueron obligados a entregar un porcentaje equivalente al 15 y 20% de sus ingresos bajo amenaza de despido.
La denuncia se aprobó tras la difusión de un reportaje periodístico que demostraba las acusaciones contra el congresista. Foto: captura de X
Henry Zayra Rojas, ex asesor de Arriola, declaró ante la entidad fiscal cómo el congresista los convocaba cada mes a reuniones para indicarles que tenían una serie de actividades sociales que cumplir y requería el apoyo de todos. Él asegura que les designaba un porcentaje de lo que debían entregar como donación y quien no cumpliese perdía automáticamente su trabajo.
Natalia Alzamora Miranda, otra excolaboradora, confirmó la presión ejercida por Arriola. "En julio de 2022, después de una reunión de la bancada, el congresista me abordó y me indicó que debía aportar como los demás. Primero nos pedían víveres, pero luego se convirtió en efectivo", relató. "El 21 de enero de 2022, a solicitud de Yolanda Cuya, secretaria de Arriola, le envié una captura de los depósitos de mi salario, y ella me indicó el monto exacto que debía entregar".
Los testimonios de los trabajadores no solo describen la coacción, sino también la estructura bien montada para la recaudación de estos fondos. Yolanda Cuya, exsecretaria del despacho de Arriola, era quien coordinaba los depósitos a una cuenta en Scotiabank a nombre de su esposo. 'El congresista Arriola Tueros nos indicó que la donación ya no sería en bienes sino en efectivo, y que debía realizarse a la cuenta de su secretaria', declaró Carlos Quispe Baldovino, exasesor de Arriola.
A pesar de estas acusaciones y de la evidencia presentada, la Comisión de Ética del Congreso decidió proteger al parlamentario, imponiéndole una amonestación escrita pública con multa equivalente a 30 días de su remuneración. 'Hemos determinado que ningún trabajador ha declarado en el Congreso', defendió Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, en una sesión cuestionable por la aparente impunidad.
José Arriola, por su parte, se defendió alegando que el dinero encontrado en su vivienda durante un allanamiento en mayo de 2023 fue producto de sus sueldos como congresista que recibía en su casa y no de los recortes salariales.