La Junta de Fiscales Supremos puede contener a Patricia Benavides

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) podría convertirse en el último bastión para mantener un Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación independientes y autónomos de todo el poder político.

Al día de hoy, existe una alta probabilidad de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a la falta de quorum, no logre destituir ni imponer una nueva suspensión en el cargo a la abogada Liz Patricia Benavides Vargas.

Entonces, el 6 de junio de 2024, Benavides recuperará sus cargos: fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación. Ese día vencen los seis meses de suspensión que le impuso la JNJ, el 7 de diciembre de 2023.

El caos

El regreso de Benavides a la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, supondrá una guerra civil interna. Un conflicto en el que no se utilizarán fusiles, misiles o drones kamikaze, sino el sistema judicial y fiscal.

Los expedientes, investigados, inocentes o culpables, serán utilizados como armas, por unos y otros, para mantener sus posiciones. La verdad, la justicia y la lucha contra la corrupción quedarán de lado.

Patricia Benavides insistirá en imponer cambios en las fiscalías supremas y en la coordinación y despachos de los equipos especiales, a la vez que volverán los pactos con los grupos políticos que controlan el Congreso, el Ejecutivo y asoman en el Poder Judicial.

Por otro lado, los fiscales supremos y coordinadores de los equipos especiales intentarán sobrevivir con más operativos, allanamientos, detenciones y nuevas demandas de amparo y medidas cautelares.

El operativo Valquiria 11, donde se mezcla el combate a la corrupción con la persecución a periodistas, es un claro ejemplo de lo que puede venir: estás conmigo o contra mí.

La última trinchera

La JFS puede mantener el orden. Es el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público y está integrado por los fiscales supremos titulares. En este momento, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Delia Espinoza Valenzuela integran el pleno de la Junta. El 6 de junio se uniría a ellos Patricia Benavides, reclamando ser la fiscal de la Nación electa.

Entre las funciones de la JFS está la de elegir al fiscal de la Nación por un período de tres años. El mandato de Benavides como fiscal de la Nación vence en junio de 2025.

Al poder nombrar, también se puede retirar la confianza y dar por concluida la elección de un fiscal de la Nación. Esta posibilidad nunca se ha dado antes. Pedro Gonzalo Chávarry prefirió renunciar para no someterse a la Junta.

La renuncia es al cargo de fiscal de la Nación. Chávarry continuó como fiscal supremo. Sin embargo, aunque algunos de sus abogados le han recomendado seguir ese ejemplo, Benavides ha dicho que no renunciará.

Los votos y Ávalos

Pablo Sánchez y Delia Espinoza votarían por la salida de Benavides. La opinión del actual fiscal de la Nación interino es dubitativa. Si decide apoyar a Benavides, habría empate y ella ganaría, al ejercer voto dirimente.

Hay una última baza que podría asegurar el orden: el regreso de la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, actualmente inhabilitada.

Ávalos ya podría estar de vuelta en una fiscalía suprema. El juzgado supremo de investigación preparatoria y la fiscalía suprema han resuelto que no cometió ningún delito. La Corte Suprema está por ratificar esa decisión.

Sin embargo, la red que apoya a Benavides es fuerte en la Corte Superior de Lima, donde la Tercera Sala Constitucional, integrada por los jueces Néstor Paredes, José Velarde e Iván Cabrera, se ha resistido durante cinco meses a dictar sentencia de amparo para anular la inhabilitación del Congreso y reponer a Ávalos.

Los tres son jueces superiores provisionales y temerían perder sus ascensos. Es necesario que entiendan el problema y que parte de la solución está en sus despachos. Elegir entre su propia tranquilidad y la estabilidad del sistema judicial.

Una vez capturado el Ministerio Público, irán con todo por el Poder Judicial.