Los temas que el Congreso debe debatir en el pleno ambiental
Urgente. Religiosos e investigadores precisan los temas que deben ser vistos con urgencia, los que pasan por modificar la Ley Antiforestal, los peligros de la minería ilegal, así como proteger los pueblos en aislamiento, entre otros.
Hace unos días, delegados de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI) fueron al Congreso a pedirle al presidente del Legislativo, Alejandro Soto, que se vuelva a estudiar la Ley Forestal y la ley que amplía el plazo de inscripción en el Reinfo de los mineros ilegales, en razón a sus efectos negativos sobre la Amazonía. Ahí se planteó un pleno ambiental, el mismo que se realizaría el próximo 8 de mayo. Los temas a tratarse no se limitarían a los dos que reclamó la IRI, ya que el asunto ambiental requiere el abordamiento de aspectos urgentes que hasta ahora han quedado relegados en el Congreso.
Ley Antiforestal y el tema de la minería ilegal
Modificar la norma aprobada por el Congreso que debilita la Ley Forestal en lo concerniente a la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Significa que posibilita el cambio de uso de tierras sin autorización de zonificación forestal, por ejemplo, para actividades agropecuarias, lo que deja abierto el riesgo de deforestación.
Laura Vargas, coordinadora de la IRI, tiene claro que esta Ley Forestal abre las puertas para una mayor depredación de la Amazonía con el argumento de que beneficiará a pequeños productores de cacao o café.
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“Ahora el promedio de deforestación es de 150.000 hectáreas al año, que ya es muy alto, y se está hablando de que se puede llegar a 600.000 o 700.000 hectáreas. Para mí es inimaginable, es una deforestación acelerada”, alerta.
En cuanto a la minería ilegal y la aprobada ampliación del plazo de formalización, el obispo de Jaén, Alfredo Vizcarra, también miembro de la IRI, señala el crecimiento de esta actividad y sus consecuencias: “Aparte de contaminar el ambiente, dividen a las comunidades, se desarrolla la trata de personas, traen enfermedades, lo que es muy triste”, refiere.
Institucionalidad ambiental y la falta de agua
El debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental con el pretexto de optimizar el proceso de evaluación de impacto ambiental y facilitar los trámites para promover las inversiones es otro tema que José de Echave, analista de CooperAcción, reclama un lugar en la agenda del pleno ambiental.
“Hay un claro proceso de debilitamiento de la institucionalidad ambiental, que es incorrectamente percibida como un obstáculo para las inversiones, cuando la institucionalidad ambiental lo que trata de establecer son puntos de equilibrio. Toda la institucionalidad del Ministerio del Ambiente como sus órganos adscritos, OEFA y Senace, está en situación complicada. Por lo tanto, no se da el contrapeso que cualquier país serio necesita para que las inversiones y la economía marchen de acuerdo a los estándares ambientales”, estima.
De Echave también considera que el asunto del agua es crucial, porque el Perú está marchando aceleradamente a una situación de estrés hídrico. “El país no está preparado para afrontar una ausencia de lluvias sostenida ni tampoco tiene capacidad de almacenamiento de agua”, advierte.
Reconocimiento territorial como pueblo indígena
El reconocimiento territorial como pueblo indígena (wampis, awajún, chapra, ashéninka, achuar y otros), no solo como comunidad, es un tema que se ha tratado de impulsar, pero no ha avanzado. Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropoligía y Aplicación Práctica (CAAAP), considera muy importante tratar este punto que implica un ámbito ancestral para que un determinado pueblo pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, como alimentación, salud, etc.
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“El derecho como pueblo al territorio integral es uno que está reconocido en la declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Inclusive proponen su derecho al autogobierno y a la autonomía que también está señalado en las leyes internacionales”, refiere.
Vega también considera que se debe abordar el tema de la participación política de los pueblos indígenas.
“Se trata de que tengan una representación política de acuerdo a la población existente. A los amazónicos y andinos les correspondería como veinte congresistas, si se toma en cuenta la población que se autodenomina indígena”, menciona el consultor del CAAAP.
Personalidad jurídica y registro en Sunarp
La personalidad jurídica de los pueblos indígenas va ligada al título de propiedad de territorios, porque Sunarp no podrá registrar la propiedad territorial si no tienen, primero, la personalidad jurídica inscrita.
Raquel Yrigoyen, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, señala que en Sunarp no hay registro de pueblos y que hay un proyecto de ley para crearlo, que se quedó en dictamen, pero podría reactivarse.
Comenta que la propiedad de los bosques actualmente es del Estado, pero opina que debería ser de los pueblos indígenas como manda el Convenio 169 de la OIT, el mismo que fue ratificado por Perú hace 30 años y a la fecha ni un pueblo tiene la propiedad de los bosques.
“Entonces, la inscripción de la personalidad jurídica y la titulación de la propiedad territorial de pueblos van juntas, porque Sunarp no va a querer inscribir la propiedad territorial si no tienen la personalidad jurídica registrada”, reafirma Raquel Yrigoyen.
Legislar para los pueblos en aislamiento
Los territorios amazónicos donde se desplazan los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) vienen siendo amenazados por actividades ilegales y también legales ejecutadas por quienes niegan su existencia. Ismael Vega, del CAAAP, considera que protegerlos debe estar en la agenda del próximo pleno ambiental.
Remarca que la organización indígena Aidesep ha expresado la urgencia de ver el caso de los Piaci, a fin de que se cumpla la intangibilidad de sus territorios, pues hay proyectos que los afectan. “Se ha impulsado una ley que permitía el ingreso al territorio de los Piaci, si hay proyectos de necesidad nacional para el Estado. En esa misma línea sacaron otra para las áreas naturales protegidas, que son intangibles. El Congreso ha venido sosteniendo una norma con el argumento de que si hay recursos para el desarrollo nacional, entonces se hacen excepciones y se puede intervenir”, detalla.
