Aprueban dictamen para avasallar a entes electorales

La bancada de Fuerza Popular y sus satélites aprobaron ayer en la Comisión de Constitución del Congreso el dictamen de reforma para controlar políticamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La decisión es adoptada luego de una sostenida campaña política contra estos tres organismos tras el reiterado fracaso de Keiko Fujimori en las elecciones generales. De hecho, esta reforma tendrá vigencia para los comicios del 2026.

Juicio político

El dictamen aprobado consiste en la modificación del artículo 99 de la Constitución para incluir a los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec en la lista de altos funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, por infracción constitucional.

Es decir, en adelante los jefes de los organismos electorales podrán ser sujetos de persecución política por parte de los partidos que tienen presencia en el Congreso, a través de denuncias constitucionales.

Es algo similar a lo ya ocurrido con la fiscal suprema Zoraida Ávalos o los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez. Todos ellos resultaron personajes adversos a los intereses particulares de los partidos de turno y fue por ello que les fabricaron acusaciones constitucionales con el fin de inhabilitarlos.

El Parlamento ahora busca hacer exactamente lo mismo con los altos funcionarios de los organismos electorales.

El texto fue aprobado con 16 votos a favor. Cinco de estos votos corresponden directamente a Fuerza Popular. También apoyaron miembros de bancadas satélites del fujimorismo como Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País o Acción Popular. (Ver tabla).

Pésimos docentes

Durante el flojo debate de ayer, Lady Camones (APP) pidió dar lectura de tres sentencias del Tribunal Constitucional para que los medios puedan conocer el sustento de sus decisiones. La presidenta del grupo de Constitución, Martha Moyano, coincidió y habló de hacer “un ejercicio de docencia política”.

Sin embargo, la legisladora Diana Gonzales les aclaró que solo una de estas tres sentencias hace referencia al juicio político. Las otras dos plantean regular únicamente el antejuicio político para los entes electorales.

La única sentencia que sirve de base para esta arremetida política fue emitida por el TC actual, elegido de manera amañada por este Congreso.

Debate de dictamen en familia

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió ayer un pronunciamiento en el que alertan que la Comisión de Constitución no convocó a ninguno de los entes electorales para el análisis del dictamen aprobado.

En otro párrafo advierten que esta reforma “resultaría contraria a los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes”.

También apuntan que se afectaría el principio de independencia, pues los partidos, a través de sus bancadas en el Congreso, ejercerían control sobre las decisiones de los entes electorales.

Reglamento

Reforma con parches. La Comisión de Constitución ayer también aprobó un dictamen para encargar al actual Parlamento la redacción del reglamento de las futuras cámaras de senadores y diputados. Moyano admitió que se les olvidó incluir este texto en la reforma principal.