Caso mochasueldos: seis pesquisas contra el reloj

El Ministerio Público no puede denunciar ante la Corte Suprema a los congresistas sindicados por presunto recorte  de sueldo a sus colaboradores sin que el Congreso apruebe previamente la respectiva acusación constitucional.

Para ello, primero el fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional contra el parlamentario investigado. Con ello busca avanzar a la etapa de la indagación preparatoria.

El procurador general del Estado, Javier Pacheco, en una entrevista a Canal N, enumeró los plazos de las investigaciones preliminares contra estos legisladores que han vencido y están a punto de vencer.

Casos contra el reloj

Pacheco reportó que el 31 de octubre del año pasado venció la etapa de investigación preliminar por presunto recorte de sueldo contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña.

“El fiscal tiene que  pronunciarse, ya sea con un archivo o con una acusación constitucional”, manifestó el procurador. 

La indagación del Ministerio Público comenzó en mayo del 2023, pero hasta la fecha no ha presentado denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) contra la legisladora de APP.

La República buscó recoger la impresión de la parlamentaria Acuña acerca de las declaraciones del procurador, pero al cierre de esta nota no se concretó la entrevista.

Otra investigación preliminar con plazo vencido es contra el congresista no agrupado José Arriola.

 El 3 de marzo de este año, según el procurador, terminó la etapa preliminar. El Ministerio Público todavía no ha presentado denuncia constitucional contra Arriola ante la Subcomisión de Acusaciones.

Los que están por vencer

Asimismo, el procurador Pacheco dijo que la investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), vence el 22 de abril.

El 16 de febrero trascendió que la Fiscalía declaró complejo su caso y amplió por ocho meses la indagación por presunta concusión.

Este diario solicitó a la Procuraduría General del Estado precisiones respecto a las declaraciones de Pacheco y la ampliación que informó antes el Ministerio Público.

Desde esta institución confirmaron que la investigación dirigida contra el congresista Soto “por el caso fábrica de trolls, por el presunto delito de concusión, por haber inducido la entrega de sumas de dinero a sus trabajadores para el pago de publicidad con la finalidad de mejorar su imagen (...) tiene plazo vigente hasta el 22 de abril del 2024”.

Precisaron, además, que en agosto del año pasado se declaró la investigación como compleja. “Por ello, los ocho meses se cumplen en abril. A raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva se reactiva el caso el 19 de enero del 2024, mediante la disposición número 3, a raíz de la información brindada en la carpeta fiscal 1228-2023 (a cargo de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por altos funcionarios) por el testigo Jaime Villanueva”, agregaron.

El 12 de mayo vence la investigación preliminar contra el congresista de Acción Popular Jorge Flores. La Comisión de Ética del Congreso también lo investiga desde el año pasado, pero aún no toma una decisión y en la SAC no hay denuncia constitucional en su contra de parte de la Fiscalía.

El 24 de junio termina también el plazo de indagación preliminar contra el congresista del Bloque Magisterial Edgar Tello. La Comisión de Ética también revisa el caso del parlamentario, pero todavía no presenta el informe final.

El 6 de julio acaba el plazo en la investigación preliminar contra la congresista de APP Magaly Ruiz. El 2 de febrero, la Subcomisión aprobó el informe final de la legisladora Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, quien recomendó no acusar a su colega. Aquella denuncia había sido formulada el año pasado también por el ciudadano José Luis Briones Trujillo.

Investigación preliminar por casos de presunto recorte de sueldo