Críticas a Alejandro Soto por desconocimiento de las leyes peruanas

Abogado de profesión y con grados académicos de magíster y doctor, aunque con sus tesis de dudosa procedencia, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha deslizado esta semana que podría evitar posibles allanamientos fiscales en el recinto del Poder Legislativo. Expertos del Derecho consultados sobre el tema le aclaran que los legisladores no tienen corona: una actitud de ese tipo puede dar pie a una investigación fiscal por resistencia y desobediencia a la autoridad.

El último viernes, el legislador investigado por presunto delito de organización criminal Edgar Tello (Bloque Magisterial) alertó sobre posibles allanamientos en domicilios de congresistas y también en los despachos parlamentarios.

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Como una reacción a este comentario, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, expresó, desde las redes sociales, lo siguiente: “Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”.

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Sin inmunidad

La abogada y directora de defensa profesional del Colegio de Abogados de Cusco, Ruby Romero Quispe, recordó que en el país “nadie tiene corona”, ni siquiera un legislador o el presidente del Congreso.

En conversación telefónica con La República, recordó que un allanamiento puede proceder contra cualquier persona, siempre que se cuente con la autorización del Poder Judicial. “Ha habido allanamientos incluso en casos seguidos contra fiscales de la nación, como ocurrió con Patricia Benavides o también contra (Pedro) Chávarry”, recuerda.

Más directo aún fue el abogado penalista Jorge Zúñiga Escalante, quien apuntó que la inmunidad parlamentaria es solo para actos de función, “y el delito de organización criminal es un delito común, por lo tanto, no alcanzaría en este caso la inmunidad parlamentaria”.

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La precisión es formulada tomando en cuenta que la investigación abierta contra los congresistas por sus vínculos con la exfiscal de la nación Patricia Benavides es por el presunto delito de organización criminal.

El legislador Alejandro Soto, en tanto, también es investigado por los supuestos ilícitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo.

Implicancias penales

Pero si Alejandro Soto materializa lo anunciado, en el sentido de impedir posibles allanamientos fiscales en la sede del Congreso, estaría incurriendo en acto sancionado por el Código Penal.

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La abogada cusqueña Ruby Romero Quispe precisa que Soto Reyes podría ser investigado por el presunto delito resistencia o desobediencia a la autoridad, regulado en el artículo 368 del Código Penal, y cuya pena oscila entre los tres y seis años de cárcel.

En términos operativos, según detalló Zúñiga, la eventual obstrucción de un allanamiento puede resultar complicado, incluso para el presidente del Congreso. Esto debido a que cuando el juez autoriza una diligencia de este tipo, en su resolución también contempla la posibilidad de que el personal policial pueda hacer uso de la fuerza para el logro de los objetivos, en caso de que alguien adopte medidas de obstrucción.

“En la práctica, cuando se emite orden judicial, esta viene acompañada de una autorización para el uso de la fuerza pública, ya sea para romper puertas o usar la fuerza para cumplir con su mandato”, explica.

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Pero la sola declaración o anuncio que hizo el presidente del Congreso sobre un posible impedimento de diligencias a cargo del Ministerio Público sí puede tener otras implicancias con consecuencias penales.

“La sola frase puede justificar o dejar en evidencia actos de obstaculización y eso puede justificar, en determinada etapa, la formulación del requerimiento de prisión preventiva, porque estaría más que evidenciado”, apunta Jorge Zúñiga. Solo sería cuestión de valorar los otros elementos de un requerimiento para una prisión preventiva.

Intento de blindaje a Katy Ugarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió esta semana a trámite la denuncia presentada por el fiscal de la nación, Juan Villena, contra la legisladora Katy Ugarte (ex Perú Libre), por uno de los casos de recorte de sueldo. La denuncia es por el delito de concusión.

Durante la sesión, Esdras Medina intentó blindar a Ugarte, al solicitar el archivo, con el pretexto de que ya había otra denuncia en trámite. Hubo una cuestión previa y solo votaron tres a favor: Elizabeth Medina, Alex Paredes y el mismo Esdras Medina. El proceso sigue en curso.