Los riesgos que afronta el periodismo de investigación

“Los peores enemigos son también periodistas”

Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación Diario La República

El mundialmente reconocido reportero David Leigh dice en su libro Periodismo investigativo, manual de sobrevivencia: “El periodismo de investigación se encuentra bajo una amenaza considerable de agentes del gobierno, jueces represivos, funcionarios corruptos, criminales a sueldo, matones comerciales y propietarios cínicos de medios. Estas personas siempre han sido enemigas de los reporteros honestos, y sus poderes siguen siendo fuertes”. 

A la lista de enemigos descrita por Leigh, debemos añadir al sector de periodistas que cuestiona a los reporteros de investigación porque se reúnen en secreto con fiscales. Desconocen que en la dinámica investigativa, los periodistas tienen numerosos contactos con diferentes fuentes.

Para destapar la corrupción, es clave contactar a los fiscales, aunque no todos aman a la prensa y ni siquiera responden el teléfono. Uno no le toca la puerta a un fiscal y este en el acto le proporciona lo que pide. Pero hay de los que proponen intercambiar información, lo que está muy lejos de una “orientación”, “manipulación” o “influencia” sobre su trabajo.

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Leigh está en lo cierto, el periodismo de investigación está bajo amenaza, y los peores enemigos son también periodistas.

“Quieren convertir a los periodistas en investigados”

Romina Mella, jefa de Redacción de IDL-Reporteros

En los últimos 11 meses, Willax, el canal de Erasmo Wong, y sus satélites, ha emprendido 11 campañas de desinformación y desprestigio contra IDL-R, su director, Gustavo Gorriti, y recientemente contra mí.

Estas campañas están articuladas con las acciones de grupos violentistas, vinculados a Fuerza Popular y Renovación Popular, que realizan hostigamientos frente al local de IDL-R para proferir insultos, difamaciones, e incluso amenazas de muerte, ante la inacción policial y fiscal. Grupos que surgieron en 2018, a raíz de las revelaciones de IDL-R, que vincularon a Keiko Fujimori con Odebrecht.

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Esta última campaña de desinformación tiene como uno de sus objetivos convertir a los periodistas de investigación, a los investigadores, en investigados; y de esa forma criminalizar el periodismo de investigación independiente, ya que ninguna de las investigaciones publicadas por IDL-R en sus 14 años de existencia han podido ser rebatidas.

El otro objetivo es buscar impunidad para quienes afrontan investigaciones por corrupción, crimen organizado y lavado de activos, como es el caso de Keiko Fujimori o algunos miembros del partido aprista en la trama del caso Lava Jato, sobre los cuales IDL-R ha publicado varias investigaciones.

“Se nos está persiguiendo judicialmente por investigar”

Nelly Luna, periodista y cofundadora de Ojo Público

El ejercicio de la libertad de prensa en el Perú se está deteriorando al mismo tiempo que perdemos la democracia. El periodismo de investigación se ha convertido en un oficio de riesgo, después de haber sobrevivido la década de Fujimori y después de 20 años de recuperación de la democracia.

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Se nos persigue judicialmente por investigar, se impulsa normas desde el Congreso para amedrentarnos, se nos violenta en las calles al cubrir las protestas. Tampoco hay una postura de rechazo fuerte del Gobierno hacia los grupos extremistas que hostilizan a los periodistas, y ese silencio es cómplice de la impunidad.

Nuestro sistema político se ha convertido en un régimen autoritario, incapaz de garantizar el derecho a la información ni la seguridad de los periodistas. Y este vacío de poder ha sido cubierto en varios espacios del territorio nacional por el poder violento del crimen organizado, que tiene al frente al periodismo, y lo coloca en más riesgo.

Hay medios tradicionales que prescinden de los periodistas de investigación porque son más costosos, no porque tengan altos sueldos, sino porque investigar toma su tiempo. Y más bien, apuestan en un periodismo basado en la filtración, que no pone en contexto, ni genera más información.

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“La campaña difamatoria busca la impunidad”

Edmundo Cruz, periodista de investigación Fundación Mohme Llona

Rescato el dúo que forjan en la acción el periodista de investigación y el fiscal. Se complementan: uno busca la verdad y el otro persigue el delito. Con estricto respeto a su independencia profesional, se cruzan en el camino y unen esfuerzos. Eso ha sido decisivo en la indagación del caso Lava Jato y en investigaciones periodísticas emblemáticas en nuestro país y otros. Los mentores de la campaña difamatoria contra Gustavo Gorriti lo saben, por eso intentan desvirtuar y minar este pilar.

Desde el 2016, las principales batallas en defensa de la libertad de expresión en Perú se libran en terreno judicial. Casi todas son querellas por presuntos delitos de difamación, planteadas por grupos de poder contra periodistas y medios independientes.

Desde el Congreso se anuncian proyectos para reformar el Código Penal y aumentar las penas por difamación y calumnia a 5 y 3 años. Un castigo similar se impondría a la divulgación de datos reservados, secretos o confidenciales. Esto sería criminalizar la información.

Detrás de la campaña difamatoria contra Gorriti hay un objetivo estratégico de impunidad: traerse abajo el juicio Lava Jato y otros procesos, como los Cuellos Blancos y Cocteles, que implican a líderes de los grupos de poder.