El prófugo Vladimir Cerrón, condenado a 3 años y 6 meses de prisión y con una prisión preventiva de 36 meses en su contra, no es el único caso que ha puesto en jaque a la Policía y la Justicia. Durante el Gobierno de Dina Boluarte, varios personajes procesados de la época de Pedro Castillo continúan evadiendo la ley sin que hasta el momento puedan ser capturados.
Uno de ellos es el exministro Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, quien está en la clandestinidad desde junio del 2022, fecha en que se dictó detención preliminar en su contra. El extitular del MTC es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado, en el caso denominado Puente Tarata III-Provías Descentralizado.
Incluso su nombre fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, ofreciendo 50.000 soles por información para su captura.
La semana pasada, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó en última instancia la solicitud de tutela de derechos presentada por el exministro Silva Villegas, quien buscaba anular el proceso de investigación preliminar.
Se presume que el exministro, que era del entorno de Pedro Castillo, habría salido del país. El juez supremo Juan Carlos Checkley comunicó que Interpol tiene vigente hasta el 10 de junio del año 2027 una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura a nivel internacional contra él.
Fugó. La policía no ubica a Juan Silva, exministro de Castillo cuando Boluarte estaba en el Midis. Foto: difusión
Otro de los prófugos es Fray Vásquez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, quien lleva casi dos años evadiendo la justicia por presunta participación en actos de corrupción.
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También hay personajes vinculados a la organización criminal de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que lideraba el fugado exjuez supremo César Hinostroza.
El caso más reciente es el de Iván Noguera, exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quien en noviembre viajó a Argentina con permiso para cumplir compromisos laborales en la Universidad Nacional de La Matanza en Buenos Aires.
Hasta el momento, no ha regresado, por lo cual el Poder Judicial le impuso una prisión preventiva de 9 meses.
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También hay varios militares condenados por violaciones a derechos humanos, que están prófugos de la justicia. Uno de ellos es el general (r) Wilfredo Mori Orzo, quien fue jefe político militar de Ayacucho en 1984 y 1985, tiempo durante el cual se denunciaron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas del orden que combatían el terrorismo.
‘Cuellos Blancos’. César Hinostroza. Foto: difusión
Mori Orzo fue condenado el 2016 como autor mediato de la matanza de Accomarca, en la que asesinaron a cerca de 70 personas, entre los que había niños y ancianos. El general (r) no asistió a la lectura de sentencia, y desde entonces está inubicable.
Jo-Marie Burt, doctora en Ciencia Política, profesora y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), consideró que hay un mismo tratamiento de indolencia e impunidad en las masacres durante las protestas sociales del 2022-2023, con casi medio centenar de civiles muertos por la represión estatal, y la de Accomarca en agosto de 1985. Anotó que, incluso, en ambos casos existe la política de estigmatización de las víctimas.
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“¿Quién puede olvidar a Telmo Hurtado justificar la muerte de niños en Accomarca porque ‘al crecer serían terroristas’? Y ante la CIDH, el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, aseguró de manera petulante que ‘ellos (las víctimas) son los violentos, los que ocasionaron la muerte’. ¿No ha cambiado nada en 40 años?”, comentó en La República.
“Hermanito”. Uno de los prófugos emblemáticos es el exjuez César Hinostroza, involucrado en ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, quien huyó de la justicia el 2018 y ahora está en Bélgica. Justamente, para agilizar las acciones en ese país, fueron ampliadas las competencias del procurador público Javier Pacheco Palacios, encargado de ver la extradición.