Plantean derogar decreto del Ejecutivo que fija penas de hasta 15 años en manifestaciones

Alfredo Pariona, congresista de Perú Libre, presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto Legislativo 1589, el cual "modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, para garantizar la seguridad y tranquilidad pública". Esta norma, promulgado por el Ejecutivo, aumenta las penas en delitos relacionados con las protestas sociales.

La medida legal establece, por ejemplo, que la afectación de las vías terrestres y fluviales de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, y la vinculada a la distribución de energía, hidrocarburos y minerales, entre otras, será sancionada con cárcel no menor de 10 años ni mayor a 15 años.

Pariona argumenta en el documento que esta medida no busca fortalecer la seguridad ciudadana, sino más bien evitar y penalizar las protestas. Recordemos que diversos gremios y asociaciones han anunciado una marcha nacional para los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de diciembre. Los ciudadanos exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

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Argumentos presentados por Pariona

El parlamentario sostiene que los responsables de este decreto legislativo, la mandataria Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se respaldan en la Ley 31880, la cual otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre seguridad ciudadana. Sin embargo, no consideran que esta misma normativa establece la prohibición de criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas y otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú.

Es importante recalcar que la realización de protestas en Perú, a pesar de no estar expresamente comprendido en la Constitución, está reconocida por el TC como un derecho fundamental no enumerado, respaldado por el artículo 3 de la Constitución.

Anuncian marcha nacional contra Dina Boluarte 

Los ciudadanos exigen que la presidenta renuncie al cargo, puesto que se le acusa de la muerte de más 60 compatriotas durante las protestas en contra de su gestión, entre fines del 2022 e inicios del 2023. Actualmente, no se ha castigado a algún responsable por los peruanos fallecidos, a pesar de que existe un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se determina que se habría incurrido en violaciones a los derechos humanos tras el uso excesivo de las fuerzas del orden, como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.