Gobernador Sánchez y una nueva narrativa para salir de las denuncias

"No volverá a suceder", habría dicho el gobernador Rohel Sánchez Sánchez ante la Comisión Regional Anticorrupción el último martes 9 de mayo, tal como lo hizo frente al Consejo Regional de Arequipa (CRA). La frase la utilizó por las "sugerencias" que realizó en mensajes de WhatsApp su esposa, Luz Marina Zeballos Patrón, para contratar personal a dedo.

Dos días después emitió un pronunciamiento en video culpando de las denuncias a las mafias. "Hay un intento de desestabilizar al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y particularmente a mi familia. Me veo obligado a denunciar las mafias al exterior y que operan al interior", refirió. Añadió que estas han perdido poder y al no conseguir atacarlo, apuntaron a su familia para desestabilizar su gestión con "denuncias falsas". Invocó a que la Policía, Fiscalía y Poder Judicial investiguen estas organizaciones y que "no se dejen sorprender".  

"Si uno denuncia que hay una mafia tiene que investigar y sancionar. Se debe tener cuidado en convivir con esas mafias", resaltó el encargado en Arequipa de la Defensoría del Pueblo, Angel María Manrique. El funcionario refirió que en la cita de la Comisión, Sánchez volvió a ratificar que solo fueron sugerencias las de su cónyuge para contrataciones. Sus integrantes habrían quedado conformes con sus descargos y anuncios de su política anticorrupción. Manrique dijo que se tiene que entender que cada acto que realicen las autoridades puede ser cuestionado porque la principal crisis de las entidades públicas es la ética de sus autoridades.

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El presidente del CRA, Miguel Ángel Linares, saludó la denuncia. "Sí me preocupa que no formalice la denuncia. Si digo que hay periodistas que me acosan y me quedo ahí ... Creo que el siguiente paso es ir a la Fiscalía y decir que tengo presunción o estos elementos", agregó.

¿Sánchez busca justificar las denuncias contra su gestión usando como chivo expiatorio a las mafias? Para el consejero regional Fernando Cornejo, son cosas distintas. "Hay mafias que buscan un beneficio propio, pero no tienen que ver con las denuncias. Está muy bien que el gobernador quiera luchar contra la corrupción. Lo aplaudimos, pero no debemos mezclar las cosas", aseguró la autoridad.

Los mensajes son investigados por la Fiscalía y las contrataciones menores a 8 UIT presuntamente direccionadas, revisadas por Contraloría. "Esta crisis política no la hemos generado nosotros los consejeros, ni la prensa, sino el propio personal de confianza del gobernador. Merece un mea culpa porque al final hay una responsabilidad política", acotó Cornejo.

Linares adujo que es el propio Sánchez quien debe explicar a qué se refiere con los ataques para desestabilizar su gestión.

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También están los casos de los aportantes de campaña que son proveedores del GRA. Más de una docena de colaboradores vienen contratando por más de S/ 500 mil hasta donde se pudo confirmar. "Lamentablemente en la política peruana se ha institucionalizado que quien da un aporte cree tener el derecho de un beneficio dentro de la gestión. Eso pasa en todos los gobiernos. Tenemos que empezar a reflexionar sobre nuevos parámetros de regulación", dijo Manrique.

Para el representante de la Defensoría se debe parar. "No podemos ir institucionalizando esas prácticas antiéticas", agregó.

Para Cornejo, no se vulneró el lado legal, pero sí el lado ético y moral por las coincidencias de que quienes pusieron dinero sean precisamente los que contraten. "Es más sano decir 'que quiero contratar a gente, de mi entorno, de mi confianza y que me han apoyado'. Es más sincero, porque es seguro que van a seguir habiendo proveedores-colaboradores. Vamos a seguir en un círculo vicioso", respondió. El consejero está filtrando las contrataciones directas del GRA para identificar cuantas se han creado recientemente solo para contratar con la entidad. Esta labor la compartiría a Contraloría para su revisión.

Contraloría observó a funcionarios

Erick Apaza Palo ocupa la Oficina de Logística y Patrimonio del GRA. El hoy funcionario tiene presunta responsabilidad penal y administrativa por el perjuicio de S/ 286 140 en el mantenimiento del Complejo Multiusos de la Municipalidad de Espinar en Cusco.   Mientras que Luis Hidalgo Ortiz es el nuevo jefe de Recursos Humanos. Está inmiscuido en dos informes de Contraloría cuando laboró en la Municipalidad de Arequipa. Tendría culpa administrativa. Por hechos en Paucarpata, tendría responsabilidad administrativa y civil.