Diego Ibáñez: “En Chile hasta la derecha estuvo de acuerdo con convocar a un proceso constituyente”
Diputado chileno señaló que, en Chile, una importante élite política y empresarial se convenció —tras las masivas protestas que vivieron— de que la institucionalidad es la única manera de darle estabilidad económica y social al país del sur.
La discusión sobre la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente en nuestro país abrió un debate —en los fueros políticos y también en las calles— que parece entrampada en las viejas riñas entre izquierdas y derechas. Por estos días, el diputado chileno y presidente del partido Convergencia Social, Diego Ibáñez Cotroneo, agrupación del presidente Gabriel Boric, visitó nuestro país y dialogó con La República. Ante los argumentos expresados contra un proceso constituyente en el Perú, él advierte que, primero, una AC no es “un poder desbordado” y, segundo, que la madurez de la clase política en Chile llevó a grupos empresariales a entender que es posible vivir en estabilidad económica y discutir sobre una nueva constitución.
—Un argumento para rechazar una asamblea constituyente es que los peruanos y peruanas no saben qué es una asamblea constituyente y, por ende, no estarían capacitados para responder en un referéndum si quieren una o no. ¿Qué le parece este argumento?
—Creo que no es difícil entender que una constitución es la ley de leyes y que de ahí se irradia el principio del Estado de derecho. Chile sirve de ejemplo de que en momentos convulsos las élites políticas deben recoger estas demandas y abrir la institucionalidad, entendiendo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. No es justo imputar desconocimiento o falta de educación cuando hay una pulsión mayoritaria de la ciudadanía que sugiere cambiar la estructura de la normativa del Estado porque la política no está dando resultados.
El ejemplo que sirve en Chile es que incluso la derecha estuvo de acuerdo con abrir la institucionalidad para convocar a un proceso constituyente que permita dar estabilidad en el largo plazo. Cuando se cierra la institucionalidad y la política, las protestas se siguen reproduciendo. Pueden calmarse un rato, pero a la larga se siguen reproduciendo.
—¿Esta narrativa sobre el desconocimiento de la población sobre lo que es una asamblea constituyente esconde también un tufillo de discriminación?
—Estos pocos días que he estado conversando con dirigentes sociales me ha dado la impresión de que hay una alta segregación entre el Lima y el resto de las provincias. Me da la impresión de que el malestar es reflejo de décadas de invisibilización cultural, lingüística y de acceso a los beneficios de la economía. Puede que de una u otra manera desoír estas demandas sea un síntoma de discriminación mucho más amplio.
—Aquí en el Perú es muy común escuchar en el debate público que Chile nos lleva algunas décadas de ventaja en cuanto al desarrollo político y económico. ¿Qué cree que nos falta para alcanzar un buen nivel de institucionalidad y el buen quehacer político?
—Si bien Chile no es el mejor ejemplo, me da la impresión de que hay una falta de proyectos políticos y colectivos de largo aliento. Ahí hay una sobredeterminación de los liderazgos individuales frente a proyectos que representen proyectos colectivos mucho más amplios, y eso complica la toma de acuerdos en beneficios justamente del interés general.
A Chile le tomó muchos años abrir un proceso que termine con la herencia de la dictadura y hoy lo estamos viviendo. Pese a que se rechazó la primera propuesta de texto constitucional, hay una elite política y empresarial que se ha convencido de que la institucionalidad es una la única manera de darle estabilidad económica e institucional al Chile del futuro. Si se cierran en sus propias burbujas de poder, termina reventando más la situación y empeorando la calidad de vida de los chilenos, así como afectando ellos mismos a sus negocios.
—Otra objeción que se le pone es que una asamblea constituyente representa en sí un poder absoluto. Ustedes ya han vivido esto en Chile. ¿Es así? También desde la derecha se percibe como un gasto la asamblea constituyente. ¿También fue percibido así, o más con una inversión de cara al futuro?
—Primero, en Chile la asamblea constituyente no costó ni el 1% de lo que tiene la persona más rica del país, mucho menos del 0,05% del PBI versus la inversión que constituye esa ínfima suma de dinero para garantizar estabilidad social y política en los próximos años. Jamás se puede ver la inversión en democracia como un gasto.
El proceso constituyente es un poder soberano, pero que tiene ciertos principios. No es un poder desbordado. Los principios que le dimos al primer proceso constituyente en Chile fueron el respeto a los fallos judiciales, el respeto al carácter democrático y republicano de Chile, en tanto cualquier otro modelo político no podía ser instalado en una asamblea constituyente, y que se respetan en el ejercicio de la asamblea constituyente los tratados sobre los derechos humanos ratificados por Chile. Eso te acomoda que el debate se desarrolle de cierta forma.
—¿Cómo sabemos que estamos en un momento constituyente? Algunas encuestas parecen advertir uno, las calles también, pero la realidad —desde los poderes del Estado— a veces parece contrastar esa realidad.
—Yo creo que todos los países están preparados para para la democratización de sus instituciones, pero el punto está en qué tan preparada está la élite política para reconocer que hay una crisis profunda. Cuando tú niegas el dolor y el malestar de la segregación de la falta de derechos sociales y la falta de bienes básicos, como el agua, al parecer, los que no están preparados para mejorar la situación son la élite política. En momentos de convulsión y de crisis emergen los liderazgos que sean capaces de interpretar ese sentir y hacer que las cosas pasen, que las cosas se modifiquen.
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—Qué imagen tienen de Pedro Castillo y su situación en Chile. A nivel de Latinoamérica hay pronunciamientos que marcan una postura bastante marcada, como México, Colombia y por ahí Argentina. ¿En qué postura está Chile?
—Socialmente, Chile conversa poco sobre la política de nuestros países vecinos y se conoce poco el detalle de lo que ha ocurrido en Perú. Eso es la regla general. Particularmente, lo que nos preocupa y lo que hemos visto por la televisión son los 61 muertos en un contexto de protestas social, porque lo vivimos con nuestro expresidente Sebastián Piñera, con decenas de muertos y 400 personas con ojos mutilados. Por tanto, hay una empatía natural del pueblo chileno a mirar lo que pasó en Colombia o pasa en Perú respecto a lo que pasó en Chile. También se inventaba que quienes provocaban las protestas eran infiltrados de Evo Morales, infiltrados del comunismo internacional o de (Nicolás) Maduro, que la verdad no tenía ningún asidero y solo era más que nada una cortina de humo para invisibilizar las desigualdades que existían en el pueblo chileno.
Con respecto a lo que pasa en Perú sobre cuán legítimo fue el Gobierno de Pedro Castillo o el de Dina Boluarte, no hay mucha opinión. Mi visita guarda relación con entender un poco mejor lo que pasa en la política peruana.
—Usted mencionó que las protestas en Chile tuvieron el saldo de decenas de muertos y mutilados. ¿Se alcanzó justicia en el plano judicial y político para los responsables?
—Hubo acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior de aquel entonces, las cuales fueron aprobadas. En tanto, son personas que han sido castigadas en su derecho político por una cantidad de años. También hay procesos judiciales abiertos en los que el Ministerio Público todavía continúa investigando.Vladimir Cerrón: suspenden la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva
—¿Ha escuchado al presidente Boric referirse internamente a la situación que vive el pueblo peruano con Dina Boluarte y la represión policial que ha dejado una lamentable cifra de fallecidos?
—Nosotros respetamos el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Queremos tener buenas relaciones diplomáticas y la sensibilidad por el respeto a los derechos humanos, que son criterios universales.
—Hace unos días desfilaron policías por el Paseo de los Héroes, imágenes que fueron comentadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dijo que los efectivos policiales “marchan como nazis contra su propio pueblo”. En el Congreso piden declararlo persona no grata, algo parecido ocurrió con Evo Morales. ¿Dónde se ubica el límite entre la opinión y la intromisión entre Gobiernos?
—Yo creo que esos bordes siempre van a ser políticos, pero hay que ser cauteloso para respetar la democracia, sin por ello omitir las violaciones a los derechos humanos.
—¿Qué opinión tiene sobre los constantes cambios de presidentes en Perú? Desde que asumió PPK en 2016, nadie elegido por voto popular ha logrado terminar su periodo constitucional. ¿Qué cree que nos diga ello?
—Creo que hay un momento en el que las sociedades se sumergen en un círculo destituyente, que es muy propio de todo el mundo, no solo en el Perú. Es la crisis del modelo neoliberal. Cuando la política se secuestra por intereses gremiales y empresariales, no responde a lo más fundamental, como los problemas colectivos. La respuesta que tienen los pueblos es irrumpir de alguna manera y si no se ha resuelto ello es porque la política está en debe.
—Aquí dicen que el deterioro de clase política y las instituciones ha alcanzado un punto crítico y grave. ¿Es algo que solo cree que pasa en el Perú o es más un fenómeno latinoamericano?
Es un fenómeno global. Después de esta visita a Perú viajo a España, donde se vivió el movimiento de los indignados entre el 2014 y el 2015. En Europa, en Francia también hay un proceso de movilización a propósito de los chalecos amarillos o lo que ocurrió en Estados Unidos con las revueltas de Wall Street, la crisis en Colombia con más de 70 muertos, en Chile con decenas de muertos y más de 400 mutilados, lo que pasa ahora en Perú; son momentos de convulsión que responden a modelos corporativos de democracia donde se captura lo público por parte de un grupo selecto y frente al mal vivir de la mayoría se acumulan privilegios. Eso sucede aquí en Perú como en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos una matriz extractivista que deja poco valor agregado y bienestar a nuestra sociedad.