Dina Boluarte es denunciada constitucionalmente por muertes a causa de represión

Dina Boluarte, presidenta de la República, fue denunciada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático). Esto, debido a las 22 muertes ocasionadas por la represión militar y policial, durante las protestas de diciembre del 2022. La denuncia fue presentada el último martes 3 de enero en medio de las manifestaciones en el interior del país y el paro indefinido en las regiones de: Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho.

Según el documento, Dina Boluarte habría incurrido en infracción constitucional, junto con el expremier Pedro Angulo, además de los ministros Alberto Otárola (ex Defensa y hoy titular de la PCM), César Cervantes (Interior) y José Tello (Justicia).

A todos ellos la legisladora cusqueña les atribuye infracción de los artículos 1, 2, 39, 44 y 118 (inciso 1) de la Carta Magna.

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Particularmente los artículos 39 y 44 establecen que la presidenta tiene el deber de actuar en cumplimiento de la Constitución y la ley, y que tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Sin embargo, durante el estado de emergencia fueron asesinados ciudadanos que ni siquiera tenían participación en las manifestaciones, tal como quedó en evidencia, con nitidez, en el caso de Ayacucho.

Homicidio calificado

Además de las infracciones constitucionales, Ruth Luque (CD) denuncia a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves (artículos 108 y 121 del Código Penal).

La legisladora sostiene en su denuncia que Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes “contribuyeron en la perpetración de los ilícitos, en su condición de autores mediatos, al ser parte de la estructura y aparato de poder y tener superior dominio de la decisión de la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

En otro extremo de la denuncia, Ruth Luque recuerda que el decreto legislativo 1095, en su artículo 26, establece que “en cualquier caso está prohibido disparar indiscriminadamente”, hecho que no fue respetado en las protestas recientes contra el Congreso y contra el gobierno de Dina Boluarte.

Este es el texto íntegro de la denuncia constitucional: