Juez rechaza archivar investigación contra congresista y pide a Fiscalía pronunciarse
Poder Judicial desestima cuestionado pedido de fiscal Carlos Osores Padilla de no acusar a José María Balcázar Zelada por presunta apropiación ilícita en agravio de ICAL.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo desestimó el pedido de archivo de la investigación contra el congresista de la región Lambayeque José María Balcázar Zelada por el presunto delito de apropiación ilícita. Además, el referido juzgado dispuso elevar los actuados del proceso a la Fiscalía Superior de Lambayeque para que se pronuncie al respecto.
Como se sabe, el fiscal Carlos Osores Padilla, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, decidió no formalizar acusación en contra Balcázar Zelada por el referido delito por hechos sucedidos cuando ejerció como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) en el período 2019-2020. Es así que la Fiscalía decidió formalizar el pedido de sobreseimiento (archivo).
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Empero, a través de la resolución n.º 6, el referido juzgado resolvió elevar los actuados al fiscal superior para que se pronuncie sobre la acusación contra Balcázar Zelada por el presunto delito de apropiación ilícito en agravio de ICAL.
“Al no compartir el criterio del Ministerio Público y estar impedido el juez de investigación preparatoria de disponer de oficio investigación suplementaria, corresponde desestimar el sobreseimiento solicitado y elevar los actuados al fiscal superior para que proceda conforme a sus atribuciones”, precisa el juzgado en su resolución.
El Ministerio Público decidió no acusar al parlamentario debido a que no había recopilado elementos de convicción que lo vincularan con los hechos que son materia de investigación. Además, puntualizó que la sola imputación de los denunciantes no era suficiente para sostener la responsabilidad de Balcázar Zelada.
Acusado
A Balcázar Zelaza se le acusa de haberse apropiado indebidamente de los ingresos que se destinaban a ICAL durante el 2019 y 2020, los cuales provenían de diferentes rubros bajo su administración y con la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado.
Dicha denuncia contra el actual parlamentario fue planteada por los abogados Yuri Díaz Jaime (vicedecano) y Rosa Elena Pizarro Piscoya(exdirectora de Economía). Para ellos, además de lo mencionado, la gestión de Balcázar se caracterizó por no bancarizar los ingresos de los diferentes rubros del ICAL pese a que debían ser ingresados el mismo día de su recepción, de acuerdo a los estatutos del colegio profesional.
Los denunciantes también precisaron que no se ingresó el dinero de un promedio de 70 expedientes de ingresos por derecho de colegiatura en el ICAL. Cada colegiatura tenía un costo de S/ 1.510.
En su momento, la parte agraviada se opuso al requerimiento de sobreseimiento de la Fiscalía y cuestionó la pericia contable realizada por el perito oficial Vásquez Nepo, que concluye que en la gestión del investigado Balcázar Zelada no existió perjuicio al patrimonio de ICAL.