Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo, y el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco se hicieron presentes en la audiencia virtual que realizó el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta para evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses que solicitó la fiscal Karla Zecenarro.
La audiencia fue virtual y su presencia también fue vía correo electrónico o el celular de sus abogados. Los tres se encuentran con paradero desconocido desde que el 28 de marzo se dictó orden de detención preliminar contra ellos por el plazo de 10 días.
Se presentaron con la evidente intención de evitar que se dicte una prisión preventiva en su contra, lo cual complica su situación.
La detención preliminar por 10 días ya caducó, indicó el abogado de Bruno Pacheco, William Castillo Dávila, quien había apelado esa decisión ante la Sala Nacional de Apelaciones.
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En la audiencia, la fiscal especializada en casos de corrupción Karla Zecenarro sustentó ante el juez Chuyo Zavaleta los hechos y elementos de convicción por los que solicita que se imponga prisión preventiva, por 36 meses, a Bruno Pacheco, Fray Vásquez, Gian Marco Castillo, Zamir Villaverde, Luis Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Mas.
Zecenarro indicó que se han encontrado una serie de irregularidades en el proceso de la licitación realizada por Provías Nacional para la adjudicación del contrato para la construcción de un puente sobre el río Huallaga.
Además de diversos indicios que evidencian la relación que existía entre Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente y los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera para el nombramiento de funcionarios públicos y el direccionamiento de contratos con el Estado.
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Precisó que el 6 de octubre del 2022, por mayoría, el Comité de Licitación de Provías Descentralizado, conformado por Edgar Vargas Mas y Víctor Valdivia Malpartida, postergó el acto de presentación de propuestas que debía realizarse el 7 de octubre.
Esa postergación habría tenido como objetivo favorecer al consorcio Puente Tarata III, pues no tenía toda la documentación completa hasta esa fecha. La postergación coincide con una visita que realiza George Pasapera, del consorcio Huallabamba, a Provías.
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Además, se evidencia que consorcio Puente Tarata III y Huallabamba tenían una relación comercial que les impedía participar en la misma licitación. La relación se hace evidente porque la propuesta económica que presentan ambos concursantes difiere en algunos céntimos.
Luego se ha detectado que el empresario Zamir Villaverde se relacionó con el entorno del presidente Pedro Castillo en la última campaña electoral, a través de Bruno Pacheco, y entra en relación con Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.
Bruno Pacheco trabajó entre el 2013 y el 2020 en Vigarza, empresa en la que Villaverde era el gerente general de facto. Luego otra empresa de Zamir Villaverde le presta vehículos a Fray Vásquez, con los que este ingresa a Palacio de Gobierno.
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Después está la declaración de Karelim López que refiere que había un vínculo entre Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y Luis Pasapera. Entonces, Villaverde le habría ofrecido a un conjunto de empresarios un listado de licitaciones en el MTC que podrían ser direccionadas a su favor.
En este intercambio, Bruno Pacheco se encargaba de direccionar nombramientos de funcionarios públicos que favorecieran las actividades de los empresarios dirigidos por Zamir Villaverde.
La fiscal se reservó la identidad de dos altos funcionarios públicos que habrían participado activamente en los encuentros entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco.
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El hecho de que Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco hayan decidido ocultarse y no colaborar con las investigaciones demuestra un peligro de fuga, que debe ser neutralizado con la orden de prisión preventiva, indicó la fiscal.
Además, dijo que ambos tienen acceso a personas con gran poder en el aparato del Estado que les podían ayudar a salir del país. Subrayó que Karelim López ha declarado que a Bruno Pacheco le ofrecieron sacarlo del país cuando estalló el escándalo.
Luego de la intervención de los abogados y los mismos investigados, el juez decidirá si acoge el pedido de prisión preventiva.