TC: piden a magistrado Ferrero abstenerse de ver el indulto a Fujimori

Familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, así como abogados de derechos humanos, instaron a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a resolver el habeas corpus sobre el indulto a Alberto Fujimori, que será evaluado en el pleno de mañana, garantizando la justicia, y exhortaron al presidente del ente constitucional, Augusto Ferrero, a inhibirse.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la universidad La Cantuta asesinados por el destacamento Colina, refirió que el Estado tiene el deber de garantizar la justicia para las víctimas, y en ese sentido el TC tiene que debatir en función de esta obligación asumida por el Perú al ser parte de la contienda contenciosa del sistema interamericano de derechos humanos.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se dio el indulto de Fujimori indebidamente, estableció que todas las instituciones del Estado tienen que garantizar el derecho a la justicia, y no solo el sistema de justicia sino el Tribunal Constitucional”, comentó.

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Remarcó que, si bien Fujimori es un adulto mayor con las dolencias propias de la edad, recibe atención adecuada para su salud, y que ni él ni sus seguidores han reconocido el daño causado ni han expresado un arrepentimiento sincero, ni han cancelado la reparación civil.

Recordó que Ferrero admitió haberse reunido con Keiko Fujimori poco antes de haber sido nombrado magistrado del TC, por lo que en este caso debería abstenerse de emitir un voto, más aun cuando es dirimente. “No es una persona imparcial”, advirtió.

De la misma manera opinaron Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), y Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representan a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Ambos consideraron que el presidente del TC debería inhibirse.

Supervisión de la Corte IDH

Cano señaló que el caso está en la Corte IDH en etapa de supervisión al estar pendientes aún varios aspectos de su sentencia, como la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos y el pago de la reparación civil. Por ello, los familiares de las víctimas acudieron ante esta instancia cuando el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, le dio un indulto irregular.

“La Corte marcó los requisitos para que a una persona condenada por graves violaciones a derechos humanos o lesa humanidad pueda recortársele la pena, ya que debe ponderarse el derecho de las víctimas. No puede hacerse sin sustento y sin que se cumpla con determinados parámetros, y en el caso Fujimori no se cumplen: no ha pagado la reparación civil, no hay reconocimiento del hecho, no colaboró con la justicia, entre otros. El indulto se dio como un acuerdo político”, comentó.

Por su parte, Quispe acotó que en este caso el TC debe aplicar el control de convencionalidad.

“Este es un mecanismo por el cual todo tribunal peruano, sea administrativo, del Congreso, judicial o fiscal, tiene la obligación de sobreponer una resolución de la Corte IDH, que aplica lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a otra norma”, explicó.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato en los crímenes de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, y de las 15 personas asesinadas y cuatro heridas en un solar de Barrios Altos.