Juez autoriza la incautación del pago de reparación civil que hizo Vladimir Cerrón

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha autorizado la incautación del pago de reparación civil que hizo Vladimir Cerrón y otros tres sentenciados, “equivalente a 27 depósitos judiciales, los cuales ascienden a la suma de S/ 850.074 soles”, como parte de la sentencia que tiene por negociación incompatible.

Cerrón Rojas, Henry López Cantorín, Carlos Mayta Valdez y Juan Sulca Yauyos fueron condenados por haber cometido delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, en agravio del Estado peruano y del Gobierno Regional de Junín (por haber beneficiado a un consorcio en obras de saneamiento en La Oroya, durante la gestión del líder de Perú Libre en el Gore Junín, entre 2011 y 2014).

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La justicia les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad de carácter suspendida, un año de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y un pago de S/ 850,000.00 por concepto de reparación civil.

Ellos habían abonado dicho monto, pero el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó la incautación, pues el Ministerio Público considera que el dinero se habría generado por actividades ilícitas de “Los Dinámicos del Centro”.

Según la Fiscalía, el dinero que generaba esta presunta organización criminal no solo financiaba la campaña electoral de Perú Libre, sino también iba destinado a solventar el pago de la reparación civil de S/ 850,000.00 soles.

Así lo dice la resolución que autorizó la incautación: “Es así que esta Judicatura debe apreciar estos actos de coordinación en conjunto con los actos ilícitos que la organización criminal venía realizando para el financiamiento de la campaña política de Perú Libre, sino también para el pago de la reparación civil de Cerrón Rojas, que constituye uno de los objetivos de la referida organización delictiva”.

Y agrega: “Para ello, se debe destacar que las dos actividades criminales de obtención de dinero para la organización criminal son el tráfico ilícito de licencias para conducir y el cobro por la contratación ilegal de funcionarios públicos para plazas de entidades públicas de la región Junín, las cuales fueron la base del financiamiento y recaudación patrimonial para los fines correspondientes”.

El juez también precisa que “existe peligro procesal fundado, ya que ante el tiempo que pueda demorar el proceso penal instaurado, la reparación civil tenga efectos legales a favor de los procesados en dicho proceso, cuando de los elementos de convicción obrantes y analizados se aprecia que existen razones reveladoras para colegir que dicho dinero proviene de actividades ilícitas y no de fuente directa”.

Asimismo, indica que la finalidad de la incautación cautelar es “prevenir el ocultamiento de bienes sujetos a decomiso” y que no se obstaculice “la averiguación de la verdad”.

Por todo esto, Jorge Luis Chávez autorizó incautar el pago abonado por Vladimir Cerrón y los otros sentenciados, y que sea el Ministerio Público la entidad que ejecute esta medida con fines cautelares.