Perú Libre: buscan entorpecer casos sobre crimen organizado
Waldemar Cerrón presenta proyecto para obstruir el trabajo de fiscales que investigan la criminalidad organizada.
El congresista y portavoz de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, presentó un proyecto de ley que, de ser aprobado, entorpecería el trabajo de las fiscalías encargadas de investigar los presuntos delitos de crimen organizado.
El proyecto fue presentado el 18 de noviembre. Waldemar Cerrón plantea que los fiscales de primera instancia deben elevar un informe al fiscal superior o coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, a fin de determinar si el caso que siguen se enmarca o no dentro de los supuestos del crimen organizado.
El catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Iván Meini Méndez advierte que este proyecto busca entorpecer el trabajo de los fiscales y además se afectaría el principio de autonomía.
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“Esto atenta contra la autonomía de los fiscales que dirigen las investigaciones. No es razonable que un fiscal tenga que consultar si lo que investiga es o no organización criminal”, expresó a La República.
El especialista sostuvo que, además de afectar la autonomía fiscal, el proyecto genera un riesgo de adelanto de opinión por parte de un fiscal superior que luego podría ver el caso.
“Esto es una suerte de presión o intento por obstaculizar las investigaciones que se siguen por delito de corrupción o lavado de activos a organizaciones criminales o miembros de organizaciones criminales”, subrayó el especialista.
Meini recordó que el hermano del autor del proyecto, Vladimir Cerrón, es investigado por presunta organización criminal y el caso también se vería afectado si se aprueba el proyecto.
Por su parte, Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, apunta que el proyecto sería un escollo que terminaría perjudicando el éxito de una investigación fiscal sobre organización criminal.
“Hay muchas investigaciones por este delito que requieren de una serie de diligencias y técnicas especiales para obtener los elementos de convicción. Si se centraliza la decisión, se estaría burocratizando y el fiscal se puede quedar sin tiempo. Ese es el riesgo”, alertó.
