Fuerza Popular plantea PL que impediría investigaciones fiscales a ex altos funcionarios

La bancada de Fuerza Popular, a través de la legisladora María Cordero Jon Tay, presentó un proyecto de ley que blindaría a algunos ex altos funcionarios contra cualquier investigación de la Fiscalía, en caso de que las denuncias constitucionales presentadas contra ellos hayan sido, previamente, rechazadas en el Congreso de la República.

Se trata del PL 820/2021-CR, en el que se plantea modificar el artículo 450 del nuevo código procesal penal de 2004 que, de acuerdo a la sustentación de la parlamentaria, busca solucionar una “deficiencia” relacionada al procesamiento especial para altos dignatarios derivados del antejuicio político por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, para que no se dé una “persecución política” contra ellos.

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“Existen reglas de procesamiento que son aplicables a todos los ciudadanos, pero estas no son aplicables —en razón de su investidura— a estos funcionarios, dándoles ciertas prerrogativas”, se lee en el proyecto de ley.

“La legitimidad de estas prerrogativas se sustenta en la necesidad de reforzar las instituciones a las que representan los funcionarios públicos que las detentan. El antejuicio protege a los altos dignatarios evitando su persecución política, las prerrogativas procesales-penales existen por una finalidad mayor, asegurar que se desarrollen procesos justos y sin interferencias promovidas por intereses particulares que buscan afectar la necesaria independencia en el ejercicio del cargo de los altos dignatarios”, añade.

En ese sentido, Fuerza Popular propone, entre otros puntos, que, si el Congreso desestimó previamente la denuncia constitucional presentada contra un ex alto funcionario, no procede la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público por los mismos hechos, salvo que se aporten nuevos elementos de convicción, según dicta el artículo 335 del Nuevo Código Procesal Penal sobre prohibiciones de nuevas denuncias.

“Los principales beneficiados son los altos funcionarios de la jerarquía estatal, regulados en el artículo 99 de la Constitución Política, pues la propuesta evita la discrecionalidad en la designación de los operadores de justicia que los investigarán y juzgarán”, se indica también en el apartado de análisis de costo-beneficio del proyecto de ley.