Juez dispone plazo de 15 días para que Alejandro Toledo responda a pedido de prisión preventiva

El expresidente de la República Alejandro Toledo Manrique tendrá 15 días de plazo para responder al pedido de volver a prisión preventiva, según dispuso el juez de Estados Unidos Thomas S. Hixon. La Fiscalía de dicho país había requerido que el ex jefe de Estado, quien cuenta ahora con libertad bajo fianza, regrese a la cárcel hasta que se defina su posible extradición al Perú.

De acuerdo con el documento que lleva la firma del juez Hixon, la fiscal estadounidense Rebecca Haciski ha decidido solicitar que se revoque la fianza de Toledo Manrique, por lo que el exmandatario tendrá hasta el 15 de octubre de 2021 para presentar una respuesta, mientras que la Fiscalía tiene plazo hasta el 22 del mismo mes para replicar.

“Se ha pedido que se revoque la fianza de Alejandro Toledo (ECF N.º 189). La Corte ordena a Toledo que presente una respuesta a más tardar el 15 de octubre de 2021. La Fiscalía puede presentar una réplica a más tardar el 22 de octubre de 2021″, se pudo leer en el documento oficial.

Fiscalía de Estados Unidos solicita que Alejandro Toledo regrese a prisión tras la decisión del juez

La fiscal Rebecca Haciski ha solicitado a la Corte del Distrito Norte de California, en San Francisco, que el expresidente Alejandro Toledo regrese a prisión hasta que el secretario de Estado, Antony Blinken, resuelva si lo extraditan o no al Perú. El ex jefe de Estado se encuentra en condición de extraditable luego de que así lo resolviera el juez estadounidense Thomas S. Hixon el martes 28 de setiembre.

En su pedido, la Fiscalía señaló que “Toledo está actualmente en libertad bajo fianza” (desde marzo de 2020). Sin embargo, por la reciente decisión del magistrado Hixon, el exmandatario peruano “ya no es elegible” para ese beneficio “porque el estatuto de extradición requiere expresamente la detención del fugitivo” una vez que se haya certificado que puede ser extraditado.

Acusación contra Alejandro Toledo

Alejandro Toledo está acusado a 20 años y 6 meses de prisión por haber recibido alrededor de US$ 34,3 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de concederles a esta empresa la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Junto al expresidente están acusados también los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de Graña y Montero, para quienes se pidió 20 años y medio, y 11 años y 6 meses de prisión, respectivamente.