Tras las múltiples críticas que ha recibido el Consejo de Ministros por sus integrantes cuestionados, como el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y sus presuntos vínculos con el terrorismo, el periodista de investigación Ricardo Uceda consideró que esto se intensifica debido a las fallas que ha cometido el Gobierno presidido por Pedro Castillo Terrones.
En ese sentido, dijo que las censuras provenientes de diversos sectores hacia la PCM “no son tanto por sus pensamientos políticos o por los planteamientos que expresó en la campaña, sino por errores y decisiones que ha tomado en el Gobierno”, sostuvo para RPP.
En otro momento, se refirió a la propuesta de Perú Libre para controlar contenidos de radio y TV y reiteró que estaba colisionando con la Constitución y que iba en contra de la libertad de expresión.
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“Ha perdido peso, desde el comienzo era previsible que no tuviera apoyo en el Congreso, pero era peligroso porque venía del partido de Gobierno y dentro del Gobierno hay personas, sectores, dirigentes, que piensan que la prensa debe actuar bajo otros parámetros, quizá una distinta concepción de la libertad de expresión, como la entiende la Constitución”, añadió Uceda.
En otra entrevista, dijo que esta iniciativa la atribuía a “las corrientes de izquierda en el Gobierno más las que están vinculadas al profesor (Pedro) Castillo y al doctor (Vladimir) Cerrón”, y que estas consideraban a los medios como “parte del campo enemigo”.
El último 17 de setiembre, la bancada de Perú Libre presentó el proyecto de ley que declara de “necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación”, el cual fue planteado por el congresista Abel Reyes.
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La iniciativa parlamentaria n.° 261-2021-CR, en su artículo 2, justifica el proyecto indicando que el “medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”.