Procuradora viajará a Estados Unidos para diligencias de extradición de Alejandro Toledo

La procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, viajará a Estados Unidos para ejercer la defensa jurídica del Estado en las diligencias de extradición del expresidente de la República, Alejandro Toledo, y otros dos investigados. La decisión fue aprobada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, a través de un resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N.º 0165-2021-JUS, se autoriza el viaje de Carrión Ordinola para que “ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras, del 20 al 25 de setiembre de 2021, a Washington D.C.”.

Fue la Procuraduría, que mediante un oficio, remitió el Informe N.° 006-2021-JUS-PPAH-ODEBRECHT-SACO en el que dio cuenta sobre diligencias relacionadas a los pedidos de extradición de Alejandro Toledo Manrique, Mariella Huerta Minaya y Gustavo Salazar Delgado.

Aquellos pedidos han sido solicitados a Estados Unidos por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional y el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Alejandro Toledo está vinculado al caso Interoceánica Sur; Gustavo Salazar Delgado, al caso de la vía Evitamiento de Cusco; y Mariella Huerta Minaya, al caso del Metro de Lima. Todos ellos actualmente residen en Estados Unidos. De ser extraditados, serían procesados por delitos de corrupción de funcionarios.

¿Cuantos años pide la Fiscalía para Toledo?

Para Alejandro Toledo Manrique, el Ministerio Público ha pedido 20 años y seis meses de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Se le acusa de presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecth para la adjudicación de la Interoceánica Sur.