Presentan proyecto de ley para establecer cadena perpetua por delitos contra el Estado

Miguel Ciccia y Noelia Herrera, congresistas de la República por Renovación Popular, presentaron este viernes un proyecto de ley que tiene el objetivo de establecer la pena de cadena perpetua por delitos cometidos contra el Estado.

En ese sentido, la propuesta legislativa dispone la inclusión del artículo “Agravante de cadena perpetua por razón del agente y en casos grave afectación a los intereses del Estado” en el capítulo IV del título XVIII del Código Penal, denominado Delitos contra la Administración Pública.

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Con este nuevo apartado, la privación de la libertad de por vida será impuesta en los siguientes supuestos:

• Cuando el funcionario público actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella.
• Cuando la conducta recae sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o de inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea mayor a las 25 UIT.
• Si el autor es reincidente o se comprueba la existencia de un concurso ideal de delitos.
• Cuando los delitos son cometidos por los funcionarios que gozan de la prerrogativa del antejuicio establecidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución.

El proyecto de ley también indica que “esta agravante se extenderá incluso a los delitos que el funcionario comete después de un año de haber cesado en el cargo”.

Asimismo, la propuesta busca modificar el Código de Ejecución Penal a fin de agregar el capítulo denominado “Revisión de la condena de cadena perpetua”, que decreta que dicha pena es reexaminada, de oficio o a petición de parte, por el órgano jurisdiccional que la estableció cuando el recluso haya permanecido 20 años en prisión.

Ley fortalecerá lucha contra la corrupción, afirma Renovación Popular

De acuerdo con el documento, el proyecto de ley tiene como meta “fortalecer la lucha contra la corrupción y desincentivar actos de corrupción a través del incremento de la pena a los altos funcionarios públicos señalados por el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, que cometan delitos de colusión simple y agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, impropio, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito”.

En esa misma línea, los parlamentarios sostienen que la imposición de la cadena perpetua también responde a la “magnitud del daño ocasionado”, debido a que “la corrupción genera pobreza de millones de peruanos”.

“Resulta contradictorio, absurdo y no razonable que los altos funcionarios públicos, encargados de dirigir los destinos de los tres poderes del Estado y organismo autónomos tengan penas asimétricas en relación a la gravedad de los delitos cometidos, en donde el máxima de la pena llega a 15 años de pena privativa de la libertad”, se lee en el texto.

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