Defensoría del Pueblo pide a Pedro Castillo liderar la lucha contra la corrupción

La Defensoría del Pueblo felicitó al presidente electo Pedro Castillo por su victoria en las Elecciones Generales 2021 y le pidió que encabece la lucha contra la corrupción, alejando de su círculo a personas investigadas y condenadas por este flagelo.

“Felicitamos al profesor Pedro Castillo Terrones, presidente electo de la República, expresándole nuestros deseos de éxito por el desarrollo y el progreso del país”, señaló el organismo autónomo a través de un comunicado.

A renglón seguido, la Defensoría indicó que considera necesario reiterar su posición con respecto al compromiso que deben tener las autoridades y funcionarios del Estado en la lucha contra la corrupción.

“En esa línea, siguiendo lo expresado en el artículo 110º de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación, por lo que a él corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción”, expresaron.

“El presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra este problema y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, prolongaron. Dentro de Perú Libre, el líder Vladimir Cerrón ha sido condenado por este flagelo.

La institución precisa que la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos corruptos resulta “especialmente peligrosa”, ya que “pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”.

Corrupción genera pérdidas millonarias al país

De igual forma, la Defensoría del Pueblo explica que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles al erario nacional y que el costo de ese problema al país no solo es económico. También representa “un obstáculo para que se garantice el pleno goce de los derechos fundamentales y (para) una adecuada prestación de servicios públicos” a los ciudadanos.

“La Defensoría ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que la corrupción no solo socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en los derechos de las personas y, con mayor intensidad, en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, se lee en su pronunciamiento.

“(Además), el Tribunal Constitucional ha sostenido que ella (la corrupción) constituye un atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, lo cual obliga al Estado y especialmente al presidente de la República, a adoptar medidas concretas a fin de combatirla”, se añade.

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