Algunos parlamentarios de diferentes bancadas cuestionaron que el vocero del Frente Amplio, Yvan Quispe, haya remitido cartas a los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para alertar de presuntas irregularidades en el proceso.
Ante ello, la congresista Rocío Silva Santisteban, también del Frente Amplio, señaló que la intención de las misivas no era “amedrentar” a los candidatos, como se ha indicado.
“Han salido a decir que nosotros hemos amedrentado candidatos y eso no es verdad”, detalló a RPP. Afirmó que lo proferido por otros legisladores es una “excusa” para continuar con la selección de tribunos pese a la orden del Poder Judicial de detener el procedimiento.
“Las cartas son bien respetuosas. Plantean nuestro punto de vista y les decimos a los candidatos desde esa perspectiva que es mejor que el TC sea elegido por el próximo Congreso. No se puede decir que nosotros estamos amenazando”, dijo.
En ese sentido, recalcó que la acusación en contra de su bancada es una “excusa para salir y seguir defendiendo un proceso que a todas luces está mal”.
Al ser consultada por lo que se indica en la carta enviada a los candidatos al TC respecto a que, de seguir en el concurso, deberían afrontar las consecuencias, Rocío Silva Santisteban aclaró que es porque el Poder Judicial ordenó la suspensión del proceso de selección.
“Este proceso tiene una acción de amparo y una medida cautelar. Si no la acatamos, tendríamos que asumir las consecuencias de una desobediencia a la autoridad. (…) Todas las personas que participan en un proceso que el PJ califica como que debe de detenerse y no se acata la resolución tiene que asumir las consecuencias penales”, remarcó.
Asimismo, la parlamentaria del Frente Amplio reiteró que “el proceso está viciado”. “Creo que sacarlo adelante será por la terquedad de algunos miembros de Acción Popular”, concluyó.
El Ministerio Público informó que ha iniciado las indagaciones preliminares contra los parlamentarios que decidieron no acatar la orden del Poder Judicial que ordenaba suspender provisionalmente el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Ante ello, el Congreso expresó “su preocupación” por dicha decisión del organismo judicial. “Esta institución (Fiscalía) puede iniciar investigaciones, pero debe ajustarse a la Constitución y las leyes, especialmente cuando se trata de altos funcionarios”, apuntó.
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