El juez Juan Sánchez Balbuena ha rechazado este viernes incorporar a la Procuraduría ad hoc como actor civil y representar al Estado en el caso Gasoducto Sur, donde se encuentran investigados la ex primera dama Nadine Heredia y varios exministros por haber beneficiado presuntamente a Odebrecht.
Según señaló el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria en audiencia, el requerimiento de la procuradora ad hoc Silvana Carrión no cumplió con todos los requisitos de su solicitud para poder formar parte del proceso y postular un monto preliminar de reparación civil de US$1107.147.313 al Estado.
“Es mi criterio rechazar pedidos que no presentan a cabalidad la pretensión por cada uno de los delitos que se establecen en la formalización de la investigación preparatoria”, adujo Sánchez Balbuena, aclarando que se deja a salvo la posibilidad de que la Procuraduría ad hoc pueda solicitar nuevamente su incorporación al caso después, ya que el pedido fue declarado inadmisible.
El magistrado también resaltó que el pedido de reparación civil de más de US$1107 millones no debía comprender a la empresa Enagás, ya que “esta empresa todavía no es incorporada al proceso ni como persona jurídica [investigada] ni como tercero civil responsable. A criterio de este juzgador, la pretensión no debería ser dirigida a la empresa”.
Al término del debate entre las defensas de los investigados, la procuradora ad hoc Silvana Carrión anunció que apelará la medida para que pueda ser aprobada su incorporación.
La inclusión de la Procuraduría ad hoc es clave para el caso Gasoducto Sur, pues solo con esta entidad presente en el caso se habilita a calcular los montos que pagarían todos los involucrados por los daños provocados al Estado. El monto de US$1107 millones, que contempla los daños extrapatrimoniales, todavía puede incrementarse a medida que avance la investigación de la fiscal Geovanna Mori.
El caso Gasoducto Sur que dirige la fiscal Geovana Mori fue formalizado en febrero del 2020. Desde entonces están incluidos como procesados Nadine Heredia, los exministros Luis Castilla, Jorge Merino, Carlos Paredes, René Cornejo, entre otros.
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Los delitos que se postulan en el proceso son los de colusión agravada, asociación ilícita, obstrucción a la justicia y lavado de activos por presuntos favorecimientos a Odebrecht en el proyecto más costoso de la historia del Perú (USD7 mil millones).
Como hipótesis, se ha manejado también que Nadine Heredia, con 24 meses de arresto domiciliario desde agosto de 2020, habría encabezado una organización criminal junto a su esposo Ollanta Humala para beneficiar a Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur.
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