Condenado del Grupo Colina pide prisión domiciliaria

Entre diciembre y febrero últimos, el segundo al mando del Destacamento Colina, Carlos Pichilingue Guevara, quien purga una pena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, ha presentado cinco recursos de habeas corpus en los que solicita cumplir su condena bajo detención domiciliaria.

La defensa legal del mayor en retiro del Ejército ingresó los pedidos contra la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en diferentes juzgados. Los dos primeros en Huaral, y otros tres los llevó a juzgados en San Juan de Lurigancho, El Callao y Lurín. Cuatro de ellos los presentó entre el 15 y 22 de febrero.

En todos, argumenta correr un alto riesgo de contraer el coronavirus y afirma que, en su caso, podría agravarse por sus enfermedades preexistentes. Expone que debe atenderse de forma constante en diferentes especialidades, como urología, odontología, oftalmología, neurología, cardiología y reumatología, pero que no tiene facilidades para recibir tratamiento ni la medicación adecuada.

Los cinco juzgados han admitido a trámite el recurso y han el corrido traslado al INPE para que respondan a la demanda. En todos, la Procuraduría del INPE, lo ha hecho, enviando incluso el informe médico realizado al interno, que se encuentra en el Penal Virgen de la Merced, en Chorrillos, donde también purgan prisión otros miembros del Grupo Colina.

La República tuvo acceso a dicho documento, en el que se señala que Pichilingue, de 63 años, tiene antecedentes patológicos conocidos, pero que “a la fecha no presenta malestar” y está clínicamente estable con medicación para los males que lo aquejan, como hipertensión arterial crónica, osteoartrosis, problemas cervicales y lumbares.

No procede

Por otro lado, la abogada de la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, indica que no procedería el recurso presentado por Pichilingue, debido a que en nuestro sistema jurídico no existe la detención domiciliaria para personas sentenciadas.

Recordó que él fue condenado a 25 años por las ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos y El Santa, así como la desaparición forzada del periodista Pedro Yauri y el joven Santiago Gomez Palomino.

Este miembro del Grupo Colina fue detenido en mayo del 2003, en un asentamiento humano de Ventanilla, por lo que su pena sería cumplida recién en el 2028.

“Él ha ido pidiendo al inicio de los procesos judiciales, que se le haga un conteo de carcelería tomando en cuenta la supuesta prisión en el cuartel Bolívar que tuvo en el fuero militar por los crímenes de La Cantuta. Lo ha pedido en el caso Pativilca-Cantuta, que está aún en proceso”, informó Cano.

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