Esterilizaciones forzadas tuvieron un objetivo económico

El Ministerio Público, a través del fiscal Pablo Espinoza, acusa al expresidente Alberto Fujimori de ser el máximo responsable de causar lesiones graves, en algunos seguidos de muerte, a miles de mujeres que fueron sometidas sin su consentimiento a la esterilización forzada durante su gobierno, en los años 90.

Espinoza subrayó que el programa de esterilización buscó disminuir los niveles de pobreza en el país, al reducir la natalidad de los más pobres, con fines económicos para su gobierno.

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El fiscal Pablo Espinoza hizo esta acusación al presentar los cargos penales contra Fujimori y los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros funcionarios, ante el juez especializado contra el crimen organizado Rafael Martínez Vargas.

La denuncia fiscal busca que el juez inicie la investigación judicial del caso. Este es un proceso que se lleva a cabo con el Código Procesal Penal de 1940, aún vigente en Lima.

Espinoza precisó que Fujimori y sus ministros son autores mediatos del delito contra el cuerpo, la vida y la salud en las modalidades de lesiones graves de 1.300 mujeres y lesiones graves seguidas de muerte, en otros cinco casos, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Alberto Fujimori no participó en la audiencia, pues este caso no está incluido en los procesos por los que fue extraditado de Chile. Sí participan los exministros de Salud.

“En su condición de presidente de la República, ubicado en la cúspide del aparato de poder bajo su mando, resulta el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas”, subrayó el fiscal.

Anotó que el programa de esterilizaciones fue realizado sin considerar la ley vigente, sin una infraestructura adecuada, sin personal médico especializado y sin el consentimiento informado de las pacientes.

Eso “provocó lesiones graves a una gran cantidad de mujeres, siendo que muchas otras murieron como consecuencia de haberse sometido a estas operaciones”, enfatizó el fiscal.

Anotó que todos estos hechos fueron de conocimiento de Fujimori, como se desprende de diversos informes de los centros de salud, investigaciones periodísticas y la Defensoría del Pueblo.

Igualmente, precisó que se dieron normas especiales para facilitar y promover las esterilizaciones, que debían alcanzar a unas 150 mil personas, y luego otras normas para evitar ser sancionados.

La exposición del fiscal es traducida inmediatamente al quechua, para que las víctimas tengan pleno conocimiento del proceso. La audiencia continuará este jueves 22 de abril, desde las 9:30 de la mañana.

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