Congreso aprueba acusación contra Alarcón por enriquecimiento ilícito

El Pleno del Congreso aprobó la denuncia contra el congresista de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, por el delito de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido cuando fue contralor general de la República. En consecuencia, la Fiscalía de la Nación podrá continuar con la investigación al parlamentario, sobre la denuncia presentada el 9 de julio del 2020.

Fueron 62 votos a favor, 0 en contra y 13 abstenciones los que permitieron que el Ministerio Público por fin inicie el proceso que se ha dilatado por más de un año.

“Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se declara haber lugar a la formación de causa contra el denunciando Edgar Arnold Alarcón Tejada en su calidad de excontralor general de la República por ser el presunto autor del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito agravado previsto y sancionado en el artículo 401 del código penal en agravio del Estado peruano”, indicó la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

Acorde con las indagaciones preliminares, el congresista de Unión por el Perú registró un aumento en su patrimonio por la suma de S/ 201.337 que no ha sido justificado. Esto, durante el tiempo que ejerció como titular de la Contraloría de la República, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017.

Además, el informe también señala que reporta depósitos bancarizados por la suma de S/ 275.644, de origen presuntamente desconocido.

Congreso aprueba suspender a Alarcón de sus funciones

Luego de votar para aprobar su acusación, el congresista Betto Barrionuevo de Descentralización Democrática sugirió la suspensión de Edgar Alarcón de sus funciones parlamentarias.

“Por la salud de este Congreso y para que termine el término de ‘Otorongo no come otorongo’, conforme al artículo 89 inciso I del reglamento del Congreso, solicito procedamos a votar la suspensión del congresista acusado”, manifestó.

De esta manera, con 61 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones, el Pleno del Congreso acordó que el legislador no ejerza sus funciones como representante del Parlamento.

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