Víctimas de esterilización forzada a CIDH: No hay voluntad del Estado para hacer justicia

Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país para evaluar los hechos de violencia ocurridos durante la marcha del 14 de noviembre, el comisionado Stuardo Ralón se reunió con representantes de las mujeres que fueron víctimas de esterilización forzada en la década de los años 90.

María Elena Carbajal y María Esther Mogollón, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), narraron el impacto que ha tenido en su salud física y mental, y en el de miles de mujeres más, la política de esterilizaciones que ejecutó el Gobierno de Alberto Fujimori entre 1995 y 2000.

Explicaron que los casos judicializados que esperan justicia son alrededor de 1.300, pero el universo de víctimas es de 300.000 mujeres.

El comisionado Ralón manifestó que, aunque su visita haya sido por otras circunstancias, el hecho de reunirse con ellas, era asumir un compromiso -en el marco de sus competencias- para que sus voces sean escuchadas y se dé prioridad a sus casos, en tanto sea relator para Perú.

“Es algo de lamentar que durante 24 años han pasado fiscales, ministros, presidentes, y no haya una voluntad para poder atender esa responsabilidad que el Estado peruano tiene hacia ustedes”, cuestionó.

Durante el encuentro, las mujeres señalaron que a pesar de las pruebas, estos casos eran rechazados por los fiscales, archivados y después reabiertos.

“Ha habido una permanente negación de los hechos. Estos años han sido años de archivamientos y reapertura de los casos”, acotó María Esther Mogollón.

También informaron que al no hallar justicia en los tribunales nacionales, Ampaef junto con la organización Justicia y Reparación han presentado a fines de setiembre cinco casos de esterilizaciones forzadas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la Organización de las Naciones Unidas.

Y el martes 1 han entregado al Comité de No Discriminación de la ONU tres nuevos casos de mujeres quechuahablantes esterilizadas también en contra de su voluntad entre 1996 y 1997.

“Es un largo vía crucis de 24 años. Es terrible que no se reconozca que fue un delito, que no fue nuestra culpa, que nos obligaron a esterilizarnos. Nos ha impactado a nosotras, a nuestras familias. Y seguimos esperando justicia. No queremos esperar otros 20 años”, expresó María Elena Carbajal.

Al final de la reunión, el relator para Perú reconoció el valor y la persistencia de las víctimas por encontrar justicia. Les reiteró su compromiso para que se dé prioridad a los casos de esterilizaciones forzosas.

Por su parte, Christian Berndt, abogado de Justicia y Reparación, estimó importante la reunión y agradeció la atención de Stuardo Ralón. “Confío en que su preocupación y sensibilidad sea la misma en los distintos organismos internacionales que tengan la competencia para conocer de estas materias, y se pueda lograr reparaciones integrales en tiempo y forma para las víctimas, quienes no pueden seguir esperando”, precisó.

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