Martín Vizcarra advierte al Congreso: “La historia y el pueblo juzgarán”

Cuando los trascendidos apuntaban a que el Ejecutivo iba a presentar una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la vacancia, el presidente Martín Vizcarra optó finalmente por aceptar la decisión del Parlamento.

“En línea de mis convicciones democráticas manifiesto que sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado el Congreso, donde se ha impuesto, no la razón, sino el número de votos (...) hoy día me voy a mi domicilio, a pesar de las innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales”, manifestó ayer por la noche en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Vizcarra Cornejo lanzó una advertencia al Legislativo sobre la forma en cómo se cocinó la arremetida contra su investidura de parte de las bancadas aliadas del partido etnocacerista Unión por el Perú (UPP).

“Ojalá que pronto nos enteremos de cuáles fueron los motivos de fondo para tomar esta decisión traducida en votos, si son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y todos los peruanos, o si son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o del grupo. Estoy seguro que muy pronto se darán los detalles de todo lo acontecido en el Congreso”, expuso.

Con esta despedida, denunció una presunta negociación bajo la mesa que hubo de parte de las bancadas que apoyaron su salida. Las fuentes del Congreso contaron que esos intereses políticos serán conocidos en la conformación del gabinete de Manuel Merino. Ahí se abrirá una Caja de Pandora.

Antes de su mensaje final, el hoy expresidente se reunió por última vez con sus ministros. Fuentes de Palacio refirieron que evaluaron enviar una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para detener la vacancia, antes que el exgobernador de Moquegua sea notificado por destitución. Pero el tiempo avanzó, la notificación llegó a las 8 de la noche.

Ya era demasiado tarde. El otro camino conversado en Palacio fue apelar al artículo 46 de la Carta Magna: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son núcleos los actos de quienes usurpan funciones públicas”. Esto dice el citado subcapítulo.

Sin embargo, se optó por acatar la decisión del Pleno. El golpe parlamentario, al fin y al cabo, en medio de una campaña electoral, tendrá una respuesta que no vendrá desde Palacio, sino desde las urnas. Y por eso Vizcarra apeló a ello en su discurso.

“La historia y el pueblo juzgarán”, sentenció y formalizó su veredicto.

A las 10 de la mañana de hoy juramentará Manuel Merino.

Fallo en curso

Más allá de la decisión de Vizcarra de aceptar la vacancia, el Tribunal Constitucional (TC) tendrá que ver de todas maneras la contienda competencial sobre los alcances de la incapacidad moral permanente, que el Ejecutivo presentó a mediados de setiembre, cuando el Congreso quiso vacarlo por primera vez.

El Parlamento tiene hasta mañana para entregar sus descargos, y luego de ello el pleno del ente constitucional debe convocar a una audiencia pública para escuchar el sustento de ambas partes.

La nueva vacancia no mueve los plazos, por lo que si el Legislativo no responde, el TC deberá seguir adelante con la evaluación, debate y resolución del expediente.

Como se sabe, el TC funciona hasta mediados de diciembre, y toma un descanso de dos semanas, por lo que si no lo ve antes, se esperará hasta el próximo año. Dependerá de la magistrada Marianella Ledesma, presidenta del TC y ponente en el caso.

Sin embargo, fuentes de esta institución señalaron que en su resolución, los jueces se pronunciarán sobre los alcances de la incapacidad moral permanente, y no si Vizcarra debe reasumir la presidencia de la República. Dependerá de él, de favorecerle el fallo, si acude al Poder Judicial mediante un recurso de amparo. Ya lo veremos.

Pueden seguir usando vacancia

Mientras el Tribunal Constitucional (TC) no resuelva la demanda competencial sobre la figura de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia, el riesgo de que la historia se repita continuará latente.

“Hasta que el TC no lo esclarezca, el Congreso va a poder utilizarla como hoy, incluso al propio Manuel Merino lo podrán destituir si consideran que está obrando mal”, alertó el constitucionalista Omar Cairo.

Según Cairo, el Ejecutivo debió presentar una nueva demanda competencial y una medida cautelar para frenar la arremetida del Parlamento hasta que el Tribunal Constitucional resuelva esta disyuntiva.

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