El Instituto Solidaria Perú presentó una solicitud a la fiscal Fabiola Gómez Díaz, el último 21 de octubre, contra el gobernador Elmer Cáceres Llica.
Este despacho realiza indagaciones tras la denuncia presentada en el 2019 contra los funcionarios de la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, por ampliaciones que favorecerían a la concesionaria Cobra.
Hay que precisar que por todas las ampliaciones de Majes Siguas II, durante la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio, en el 2019 se formuló una denuncia penal. Desde entonces, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción realiza la investigación e incluso declaró complejo el caso. El Instituto de Estudios Constitucionales e Investigación en Derechos Humanos Solidaria Perú formuló su denuncia por colusión agravada en contra de los funcionarios y los que resulten responsables por aceptar las prórrogas. La tesis de Solidaria es que se favoreció a la concesionaria Cobra para evitar que cumpla sus obligaciones.
Ahora, solicitan ampliar la acusación contra el actual gobernador Elmer Cáceres Llica. Solidaria Perú ha requerido a la fiscal del caso, Fabiola Gómez Díaz, tome conocimiento de la suscripción del Acta de Acuerdo, firmada por Elmer Cáceres Llica y el representante de la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra), Santiago Hernández, el 30 de junio del 2020.
En ella se amplía la suspensión del contrato y la autoridad se compromete a que la adenda 13 (donde se consignan las modificaciones a Majes II por $ 104 millones) pase las evaluaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y Contraloría, además de que sea aprobada por el Consejo Regional.
Para Solidaria, Cáceres actuó de “manera dolosa e unilateral” y “sabiendo que no podía cumplir los compromisos (…) colocando a la empresa concesionaria en mejores condiciones frente a un escenario de demanda ante tribunales arbitrales”, señaló parte del escrito presentado el último 21 de octubre ante el Ministerio Público. Entre los argumentos se añade que el documento beneficia a Cobra para activar el mecanismo de caducidad, reclamar daños y perjuicios o presionar al Estado para suscribir la adenda 13.
“Se le está pidiendo a la fiscal que amplíe la investigación por colusión porque Cáceres Llica, sabiendo que el no está facultado para aprobar la adenda 13, actuó dolosamente para perjudicar al gobierno regional”, explicó el representante de Solidaria Perú, Arturo Salas Vildoso.
Además, el instituto legal pide que la Fiscalía tome las declaraciones de Cáceres y de los 14 consejeros regionales para saber si conocían de la existencia del Acta de Acuerdo o si fue puesto a conocimiento del Consejo Regional. Al respecto, el consejero José Luis Hancco adelantó que ellos no conocían del documento y hasta lo calificó de una “traición”.
El escrito también insta a la fiscal Fabiola Gómez Díaz a efectuar investigaciones preliminares contra Santiago Hernández Castaño, representante de la Concesionaria Angostura Siguas, por el probable delito de falsedad material. Esto ante la versión del gobernador Cáceres de que el “Acta de Acuerdo” es bamba, como argumentó el 10 de octubre último. Finalmente, también se pide a la Fiscalía realizar una pericia grafotécnica a fin de verificar si la rúbrica en dicho documento le pertenece a la autoridad regional.
Posición. Arturo Salas, de Solidaria Perú, indica que gobernador beneficia a concesionaria. Foto: La República