Fiscalía de Tacna espera hace 9 meses testimonio del presidente Martín Vizcarra

La Fiscalía Especializada Anticorrupción de Tacna investiga al empresario César Vizcarra Cornejo, hermano del presidente de la República, Martín Vizcarra, por presunto peculado doloso por apropiación y colusión agravada. El 11 de diciembre del 2019, esta fiscalía notificó al mandatario como testigo del caso y le solicitó que diera una fecha para su testimonio. Hasta hoy, esperan una respuesta.

La investigación a César Vizcarra nace de las pesquisas a la organización de Los Saqueadores de Ilabaya. Para la Fiscalía, en ese municipio, rico en canon minero, operó la presunta organización criminal liderada por el exalcalde Luis Cerrato Tamayo e integrada por sus exfuncionarios y exregidores. A ellos, se les acusa de malversar dinero entre el 2015 y 2018. En las investigaciones, los nombres de los Vizcarra fueron mencionados por dos colaboradores eficaces de la Fiscalía.

De las innumerables denuncias contra Los Saqueadores de Ilabaya, en una, se advirtió que el municipio alquiló maquinaria por más de seis millones de soles al ciudadano moqueguano Isladio Castro Barrios a finales del 2018. La maquinaria pertenecería a “CyM Vizcarra”, la empresa familiar de los hermanos del presidente. Habrían usado a Castro como fachada para la contratación. Siendo una empresa de la familia del mandatario, estaba impedida de contratar con instituciones del Estado.

Los colaboradores mencionaron que la maquinaria no cumplió con su labor. El fiscal a cargo de la investigación, Ludwing Flores Valdivia, en conferencias pasadas, explicó que en Ilabaya se fingían contrataciones, servicios, adquisiciones, que si bien existían en el papel, en la práctica no se ejecutaban o lo hacían a medias. Se falsificaron boletas o los funcionarios daban conformidad a servicios falsos.

Testimonios

César Vizcarra fue mencionado por los colaboradores, pero también sus hermanos Martín, Mario y la sobrina de estos, Maricella. Los tres últimos fueron calificados como testigos en la investigación, mientras que César está en calidad de investigado. Al tratarse del mandatario del país, la Fiscalía notificó a Martín Vizcarra a fin de que él diera la hora, lugar y fecha para su entrevista. El despacho presidencial solo respondió que había recibido la notificación.

La investigación tiene 240 días de plazo, pero por la pandemia de la COVID-19, el plazo está suspendido. En el 2019, César Vizcarra se acogió a guardar silencio y solicitó una audiencia de tutela de derechos cuestionando la investigación de la Fiscalía. En entrevistas previas, al hacerse mediático el caso, negó la acusación y sostuvo que no conocía a Castro, Cerrato o haber tenido algún tipo de contacto con esa comuna.

El procurador anticorrupción Reynaldo Cuayla Mamani comentó que hasta marzo, las entrevistas a testigos iban corroborando lo dicho por los colaboradores eficaces en la investigación contra los Vizcarra. El 18 de septiembre, se publicó en la revista Hildebrandt en sus 13 las declaraciones de Gabriel Alzamora Vargas (53) y Evelyn Mazuelos Ramos (36), el chofer y la asistente administrativa de la municipalidad. Eran personal de confianza de Cerrato.

Alzamora sostuvo que llevó varias veces a Cerrato y sus funcionarios a Moquegua para sostener reuniones con los Vizcarra. Es más, afirmó que en el 2017, lo llevó a un restaurante en la ciudad para sostener un encuentro con el mandatario, quien, en ese entonces, era ministro de Transporte y Comunicaciones. El fin de la cita era pedirle presupuesto para una obra vial. El resto de citas-según el chofer- fueron en la oficina de César Vizcarra.

Evelyn Mazuelos, por su parte, declaró que José Luis Arocutipa, funcionario de confianza de Cerrato, le ordenó en el 2018 comprar pasajes en una aerolínea para varios de los miembros de la familia Vizcarra. Ella afirmó que se usó dinero del municipio para ello y recuerda bien los hechos porque tuvo un llamado de atención por haber elegido una aerolínea que su jefe, Arocutipa, consideraba no estaba a la altura de la familia del mandatario.

“Como defensor de los intereses de la parte afectada (municipio), he pedido a la Fiscalía que solicite la bitácora de la camioneta que usaba Cerrato y el detalle de quienes usaron esos pasajes de avión. Esta investigación es amplia y los involucrados tendrán que acudir a declarar en algún momento, cuando se acabe el estado de emergencia. Así no habrá motivos para no asistir”, concluyó el procurador.

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