El proceso electoral para las elecciones generales del 2021 será el escenario en que se apliquen cuatro reformas electorales aprobadas este año: paridad y alternancia, democracia interna, impedimentos para que postulen sentenciados en primera instancia y la regulación del financiamiento de partidos políticos.
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Los expertos consultados por La República para esta publicación coinciden en que si bien esto es un avance importante, aún faltan ajustes.
La paridad y alternancia, por ejemplo, establece que las organizaciones tengan en su lista de candidatos al Congreso, como mínimo, 50% de mujeres. Pero mientras se mantenga el voto preferencial, sigue latente la posibilidad de que más hombres sean elegidos.
José Tello, abogado en temas electorales e integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, recordó que en los comicios del 2011, solo 28 mujeres resultaron electas como parlamentarias. En 2016, fueron 36 y en las de este año 33.
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“Los peruanos y peruanas votan más por los hombres. Es por el machismo. El elector tiene la última palabra”, sostuvo el abogado.
Pese a estos antecedentes, el 7 de setiembre la Junta de Portavoces del Parlamento rechazó que la eliminación del voto preferencial se debata en el pleno.
Por el momento, la definición de la lista de postulantes al Congreso será en los comicios internos de las agrupaciones políticas en octubre. Ahí se verá quiénes respetan la paridad.
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La Comisión de Reforma Política recomendó eliminar la modalidad de elección con delegados. Sin embargo, el Parlamento insistió en mantenerla. Al final quedó ese sistema y el de comicios con los militantes.
No obstante, las elecciones del 2021, por primera vez, no tendrán postulantes con sentencias en primera instancia por delito doloso: corrupción, secuestro, acoso, violación, narcotráfico, terrorismo, etc.
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Dicha ley de reforma constitucional fue aprobada el viernes 11 en el pleno del Congreso, luego de mantener en suspenso la segunda votación desde el 5 de julio.
Y, por último, el viernes 18 el Legislativo aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos durante campaña electoral. El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, explicó a este diario que con esta norma todos los aportes mayores de 25% de 1 UIT (S/ 4. 300) serán a través de entidades bancarias. Mientras que los menores de esa cifra serán reportados mediante un recibo de aportación.
La propuesta inicial era que los partidos con infracciones recurrentes pierdan la inscripción, pero al final el dictamen estableció que sea una suspensión. “Si el partido reincide en una falta muy grave y no subsana en un plazo de doce meses, le suspenden la inscripción hasta que subsane otra vez”, precisó Rotta.
La ley considera infracciones graves recibir aportes mayores del 25% de 1 UIT fuera del sistema financiero, no llevar libros de contabilidad y no informar sobre la relación de los aportantes de las actividades proselitistas.
Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ahora tendrá acceso a las cuentas bancarias de estas organizaciones. “Lo que están haciendo es salvaguardar una actividad en la que tendrá que entrar la ONPE a tallar y verificar que no haya un problema con el origen de los fondos”, refirió Tello.
Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos políticos tienen hasta el 31 de octubre para realizar sus elecciones internas y hasta el 22 de diciembre para inscribir a sus candidatos.
Sin embargo, la ONPE recomendó que los comicios internos sean en diciembre, entre el 21 y 27 de diciembre. Y con ello, la inscripción de postulantes se posponga hasta el 11 de enero. Esta última requiere una modificación a través de ley. Por eso, el JNE envió hace dos semanas una propuesta al Congreso. Pero aún no es discutida. El plazo para que el Congreso apruebe esta norma, al igual que la eliminación del voto preferencial vence el 28 de setiembre.
Ayer se incorporó como miembro del Pleno del JNE el magistrado Jovián Sanjinez Salazar.
Samuel Rotta, director de Proética
“Todavía está pendiente el voto preferencial. Desde el punto de vista de lucha anticorrupción, esto genera miles de microcampañas y desde el punto de vista de la auditoría que hará la ONPE es complejo”.
José Tello, abogado electoral
“La cancelación de la inscripción hubiera sido lo ideal (para los partidos políticos infractores). Iba a ser gradual, no era de golpe la exclusión de la organización”.
Infografía en Los cambios en la legislación para este proceso electoral
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