Congreso insiste en interpelar a ministros María Antonieta Alva y Martín Benavides

Por: David Pereda Z. y Henry Cotos

La vuelta a la página planteada por el presidente Martín Vizcarra luego de la negación de la confianza del Congreso a su anterior equipo de ministros no acaba con la confrontación política. La ratificación de los titulares de Economía, María Antonieta Alva, y de Educación, Martín Benavides, sigue generando rechazos hacia el Gobierno en diferentes bancadas.

El próximo jueves 13, Benavides debe responder al pleno del Parlamento un pliego de 33 preguntas de un proceso de interpelación, paso anterior a una censura si la mayoría de legisladores considera insatisfactorias las respuestas del ministro. Las interrogantes son sobre su gestión como jefe de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), antes de integrar el gabinete ministerial.

También en los próximos días, el Legislativo decidirá si inicia un proceso de interpelación a Alva, como han pedido congresistas de Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú y el Frente Amplio. El viernes último, estas bancadas insistieron en el pleno para resolver sobre su solicitud, pero el presidente del Parlamento, Manuel Merino, no llegó a incluir el asunto en la sesión.

Benavides fue manzana de la discordia en las relaciones del Ejecutivo con el Congreso para lograr el respaldo al gabinete ministerial que encabezó Pedro Cateriano. Según el ex primer ministro, Merino le dijo que “no hay consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación, que ha sido ratificado”. El titular del Legislativo reconoció que le mencionó a Cateriano las críticas de las bancadas contra Benavides, pero también contra Alva y el entonces titular de Trabajo, Martín Ruggiero.

Ahora que los primeros se mantienen en el gabinete que preside Walter Martos, avanzan los procesos contra ambos en el Legislativo. El mismo jueves 13 que Benavides responderá la interpelación, el pleno decidiría el mismo destino para Alva, según fuentes del Parlamento. Algunas voces llegan a hablar de censurarlos como una opción que continúa ganando fuerza.

“Censurar a dos ministros sería parar todo el trabajo. Sería terrible para el país porque en este momento ella [Alva] está abocada en el manejo de la reactivación económica, de la pandemia y tiene todo un equipo de trabajo que ya sabe todos los procedimientos de trabajo”, ha dicho Martos en la estación RPP.

Pero en el Congreso, siguen cargando tintas contra ambos.

La interpelación contra Benavides, presentada por congresistas de UPP, Fuerza Popular, Acción Popular y Frepap, lo cuestiona por el licenciamiento de dos universidades (UTP y UPAL), designaciones en la Sunedu cuando él la dirigía y normas sobre esta institución.

Esta interpelación se aprobó sin respaldo del Partido Morado ni del Frente Amplio, que advirtieron intereses subalternos relacionados a la reforma universitaria: la Sunedu, con Benavides a la cabeza, denegó licenciamientos a centros de mala calidad vinculados a varios grupos políticos. Luego, la reforma mantiene supervisadas universidades con influencia en las bancadas y líderes políticos.

El caso más visible es el de Podemos, cuyo líder, José Luna Gálvez, y el congresista José Luna Morales fueron afectados al no recibir licenciamiento su universidad Telesup. Pero hay otros centros vinculados a los grupos políticos, como las universidades César Vallejo con APP; San Ignacio de Loyola con un sector de Acción Popular; y San Juan Bautista con varios de Fuerza Popular. También hay congresistas vinculados con universidades no licenciadas.

Para el jueves 13, las bancadas no descartan un escenario de censura contra Benavides, aunque rechazan que esto tenga que relación con la reforma universitaria, a la que aseguran respaldar, pese a los intentos contra ella que se han visto en la Comisión de Educación y en otros espacios del Legislativo.

Lo que dicen los voceros

“Es riesgoso que se haya mantenido a Benavides. Pareciera que se depende de una persona. Nadie es indispensable. Lo escucharemos y luego decidiremos”, dice Otto Guibovich, vocero de Acción Popular.

“Debió haber salido. Originan un conflicto entre Ejecutivo y Legislativo innecesario”, agrega su accesitario, Ricardo Burga.

Sobre Alva, consideran que “tiene mucho por explicar”.

“Todo ministro debería informarle al país. Lo que pasa es que la interpelación está estigmatizada”, anota Guibovich.

En APP, el portavoz, Fernando Meléndez, asegura que “seremos responsables”. Considera insuficientes las explicaciones difundidas por Sunedu sobre el licenciamiento de la UTP y la UPAL. “El que tiene que responder es el ministro”, dice.

“No se descarta la censura en tanto no hemos tratado aún ese asunto en bancada”, comenta.

“Tengo serios cuestionamientos a cómo Alva ha manejado la economía y su dureza para resolver demandas sociales y laborales de millones. Es una ministra de los bancos”, dice.

Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, dice que “si Benavides ha sido diligente no debe tener problema en responder”. “En su desempeño sí debe ajustar varias cosas, como la compra de las tablets”, añade sobre este frustrado proceso que afecta la educación virtual de escolares de zonas rurales.

A Alva la califica de “tecnócratamente terca”. “También tiene que ser política. Está comunicando mal. Revisaremos el pedido de interpelación para decidir. Pero una interpelación no es para que se asuste”, anota.

Los congresistas del Frepap no contestaron nuestros llamados, pero mantienen acciones contrarias a Benavides y Alva, según fuentes del Congreso. Este grupo respaldó la interpelación al primero y suscribe el pedido para interpelar a Alva.

José Vega, de UPP, resalta que ambos “están altamente cuestionados”. “Hay mucha incapacidad. Escucharemos a Benavides y decidiremos luego. No se descarta la censura”, dice.

“Alva es ministra de grupos de la Confiep. Debe ser interpelada. Si no responde, tampoco descartamos la censura”, anota.

Aron Espinoza, vocero alterno de Podemos, aseguró que su bancada se abstendrá en la votación sobre Benavides, “para evitar el conflicto de interés” por su líder Luna Gálvez.

Sin embargo, ratificó que su bancada impulsará que se censure a Alva “si no cambia su modelo económico de favorecer solo a las grande empresas”.

Cuenta que un asesor de la PCM se ha comunicado con ellos para preguntar “qué piden”. “Ya le hemos dicho que debe cambiar lo económico”.

Luna Morales, de su grupo, ya había adelantado en el pleno del último viernes: “Si el martes la ministra de Economía no tiene una respuesta clara sobre devolución de aportes a la ONP, optaremos por la interpelación y luego la censura”, aseguró.

Rennán Espinoza, vocero de Somos Perú, se muestra contrario a una censura a Benavides. “No vemos elementos contundentes para pedir que sea retirado, cualquier bancada puede presentar ese pedido”, señala.

Critica a Alva por “aplicar políticas priorizando a un sector formal y de gran empresa y no al mayoritario”, pero considera que no debe ser interpelada.

Para Francisco Sagasti, portavoz del Partido Morado, “no hay justificación para interpelar a Benavides ya que se viene estudiando el mismo tema en la Comisión de Educación”. Pero dice que espera sus respuestas.

Sobre Alva, no ve “una situación tan compleja para llegar a interpelarla”. “Más bien debemos evitar situaciones políticas que compliquen el panorama económico”, dice el legislador.

Lennin Checco, vocero del Frente Amplio, considera necesario que ambos ministros comparezcan. “Necesitamos que sean interpelados ambos ministros. Vamos a escuchar sus respuestas. Es importante que ellos puedan solucionar el proceso de interpelación”, dice.

De Alva, reitera: “Hasta ahora no le funciona su propuesta”.

Una nueva página en que la confrontación aún no se disipa.

Comisión de Ética decide salvar a Luna

La Comisión de Ética del Congreso decidió no procesar a los legisladores José Luna Morales, de Podemos Perú, e Hipólito Chaiña, de UPP, por presuntas infracciones. En cambio, sí acordó investigar a los legisladores César Combina, de APP, y Rosario Paredes, de Acción Popular.

Luna había sido denunciado porque su empresa, Escuela Internacional de Posgrado, retuvo los aportes a AFP y ONP de sus trabajadores. Su caso se archivó por 3 votos a favor y 4 en contra.

Chaiña fue intervenido por no acatar la cuarentena el 15 de marzo.

Combina será procesado por dar mascarillas con su nombre y logo.

Paredes será investigada por recortar los sueldos del personal.

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