Fiscalía varía pedido de prisión preventiva contra Yehude Simon por arresto domiciliario

El fiscal adjunto superior Hernán Mendoza, de la fiscalía suprema coordinadora a cargo del Equipo Especial Lava Jato, anunció que cambió el pedido de prisión preventiva contra el exgobernador de Lambayeque Yehude Simon por arresto domiciliario en el marco de la investigación por el caso Olmos.

Este martes 23, durante la audiencia ante la Sala Penal Anticorrupción, Mendoza Salvador señaló que la variación de su pedido también recae sobre Pablo Salazar, exgerente general del proyecto Olmos, al considerar la edad de ambos imputados; 72 y 70, respectivamente.

De acuerdo al magistrado su decisión se debe al riesgo tanto de Simon Murano como Salazar Torres frente a la situación actual que vive el país por la pandemia del nuevo coronavirus.

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“Vamos a variar la pretensión gravosa por una que cumple son los mismo requisitos pero que en este contexto es de menor intensidad, requerimos la revocatoria de la medida dictada y que se dicte prisión domiciliaria con la imposibilidad de comunicarse directamente con los investigados”, sostuvo.

Asimismo, apuntó que en el caso de Yehude Simon es imputado por presuntamente cometer los delitos de colusión y lavado de activos. Agregó que el también expresidente del Consejo de Ministros carece de arraigo laboral, familiar y persiste el riesgo de fuga.

Hernán Mendoza manifestó también que Simón y Salazar concertaron con Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, con el objeto de beneficiar a la empresa brasilera en la concesión del proyecto Olmos, en Lambayeque.

A cambio, de acuerdo al Ministerio Público, Odebrecht entregó a Yehude Simon 300 mil dólares para su campaña a la reelección como gobernador regional de Lambayeque, dinero que, sostiene, procedió de la caja 2, división creada por la constructora específicamente para el pago de sobornos y financiamiento no declarado.

Tras escuchar a la defensa de Yehude Simon, que solicita ratificar la orden de comparencia con restricciones por 36 meses, la Sala Penal Anticorrupción dejó al voto la apelación presentada por la Fiscalía.

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