Walter Ríos Montalvo, uno de los presuntos personajes clave de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, intervino esta mañana por videoconferencia desde el penal Ancón I para que el Poder Judicial cese de oficio su prisión preventiva.
Desde las 9 a. m. de este viernes, su esposa y defensa en el proceso, Maritza Sánchez, sustentó también ante el juez supremo Hugo Núñez Julca los motivos para que el investigado abandone la cárcel por peligros en su salud en el contexto del coronavirus (COVID-19).
“No se ha informado de forma detallada el número total de contagiados por el COVID-19, ni las medidas de control y salubridad actuales de las condiciones que cumple mi patrocinado (...). El informe médico 245, del 27 de mayo, es incompleto porque dicen que Ríos fue atendido por enfermedades pasajeras”, manifestó la letrada.
Entre los fundamentos también destacó que el peligro de obstaculización ha disminuido considerablemente desde julio del 2018, cuando Ríos fue encarcelado.
No obstante, el expresidente de la Corte Superior del Callao reapareció después de varios meses, por videoconferencia, para dirigirse al juez y comunicarle que “continuaré, se lo digo de todo corazón, colaborando con la justicia”.
En este sentido relató que desde el 25 de mayo de 2018 se le detectó una “opacidad en el pulmón izquierdo”; que su diabetes esta acreditada y padece además de un mal en el colon. “Nunca presentamos casación o habeas corpus. Eso no hace sino demostrar sumisión y lealtad con las autoridades”, señaló Walter Ríos desde la sala de audiencias del penal Ancón I.
Tras escuchar los argumentos del fiscal supremo adjunto en la audiencia, quien se opuso a su excarcelación, el juez Núñez Julca indicó que decidirá en los próximos días si Ríos mantiene o no su prisión preventiva.
Hasta el momento, van cuatro investigados con arresto domiciliario por el caso Cuellos Blancos: el abogado Jacinto Salinas Bedón, el investigado Nelson Aparicio Beizaga; el exchofer de Walter Ríos, John Misha; y José Cavassa Roncalla, exfuncionario de la ONPE y supuesto brazo político de la organización criminal.
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