Minjus se pronuncia tras decisión del Congreso de archivar proyecto para deshacinar penales

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) lamentó la decisión del Congreso de la República de enviar al archivo el dictamen de un grupo de proyectos de ley para deshacinar las cárceles, en el marco de acciones para mitigar los riesgos durante la pandemia de coronavirus.

En un pronunciamiento oficial, el Minjus aseguró que el Gobierno no tuvo la intención de “trasladar este problema al Parlamento” para que este, a través de sus fueros, aprobara una solución legal, sobre todo en el contesto de las facultades que el Ejecutivo le solicitó al Legislativo y que este no le otorgó.

“En vista a que no se delegó al Poder Ejecutivo la competencia para variar la situación jurídica de las personas privadas de libertad, a pesar de haberlo solicitado, [el Gobierno] consideró que era necesario trabajar en conjunto, como país, para controlar y mitigar la epidemia del Covid-19 en los penales”, señala el Ministerio de Justicia en su comunicado.

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No obstante la situación adversa, la cartera que dirige el ministro Fernando Castañeda garantizó que, a través de sus canales, continuará empleando mecanismos, “sin perjuicio de lo sucedido”, que le permitan “el control y mitigación de los riesgos para los internos, las internas y el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)”.

“Medidas como la conversión de penas por omisión a la asistencia familiar, que permite la excarcelación de quienes paguen su deuda total; la revisión de casos en la Comisión de Gracias Presidenciales para recomendar indultos y conmutación de penas; el encargo a la Defensa Pública de presentar pedidos de cesación de prisiones preventivas para internos/internas en condición vulnerable; las acciones de control sanitario, entre otras. En el mismo sentido, se continuará trabajando con nuestros centros juveniles a cargo del Pronacej”, señala el Ministerio de Justicia.

En consonancia con esta nueva situación, por otro lado, el Minjus “exhortó al Poder Judicial a continuar con las evaluaciones de oficio [de prisiones preventivas] que se han dispuesto a través de una resolución administrativa emitida el pasado 7 de mayo por su Consejo Ejecutivo, y a seguir sumando para lograr controlar el problema que representa el COVID-19 en situaciones de hacinamiento”.

En el Pleno del último sábado, es preciso recordar, la representación de la ciudadanía en el Legislativo decidió enviar al archivo el dictamen de una suma de proyectos del Ministerio de Justicia como del Poder Judicial (PJ), que tenía el propósito de deshacinar los centros penitenciarios.

En el caso del PJ, este poder del Estado presentó dos iniciativas legislativas al Congreso, que se sumaron a la remitida por el Ejecutivo, ante la evidente necesidad de tener normas de carácter excepcional que permitan evaluar la situación jurídica de más de 35 mil personas internas procesadas y, si fuera el caso, de condenados con penas menores por delitos no graves".

Sin embargo, el Congreso, con 83 en contra, 22 a favor, y 20 en abstención, envió el dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, al archivo.

La misma suerte corrió el dictamen en minoría de dicha comisión. Con 110 votos en contra, 15 abstenciones y 0 a favor, el Pleno del Congreso rechazó el dictamen.