Migraciones impide salir del país al inversor chileno Gerardo Sepúlveda

La Superintendencia Nacional de Migraciones impidió que el economista chileno Gerardo Sepúlveda aborde un vuelo humanitario, que lo llevaría a su país, luego que el 25 de abril concluyeron los 60 días de impedimento de salida del país que le impuso el juez Richard Concepción Carhuancho, para ser interrogado en la investigación a los expresidente Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.

Gerarde Sepúlveda indicó que al haber vencido el impedimento de salida estaba en condiciones de regresar a su país para reunirse con su familia, pero el personal de Migraciones le solicitó un documento judicial que indique que la medida ya caducó, pues estas suelen durar 120 días, informó su abogado, Percy García.

“No hay ninguna norma que exija una resolución u oficio del juez para liberar la salida como testigo de mi cliente. La detención de la salida de Gerardo Sepúlveda por parte de Migraciones es un abuso de autoridad que lo único que hace es prolongar una resolución judicial ya caducada, es un acto absolutamente arbitrario”, indicó el abogado de Sepúlveda.

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El 21 de abril, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial que se reponga 41 días al plazo de 60 día de la orden de impedimento de salida del país de Sepúlveda, tiempo en el que argumenta no lo ha podido interrogar por fuerza mayor, ante la declaración de Emergencia Nacional e Inmovilización Social ante la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV2.

El Juzgado de Emergencia programar una audiencia virtual para evaluar el pedido, este lunes 27 a partir de la 1.30 de la tarde. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aclarado que los plazos de la prisión preventiva, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y otras medidas limitativas de derechos no se suspenden por la emergencia sanitaria.

La defensa de Sepúlveda se quejó que la fiscalía no le ha tomado las declaraciones a Sepúlveda a pesar de que vino al Perú urgido para ello, ni vía videoconferencia como sería lo más apropiado fruto de la pandemia del COVID-19. En la audiencia se pedirá a la fiscalía precisar qué impidió el interrogatorio entre el 26 de febrero y el 15 de marzo, que se declaró la inmovilización social.