García-Sayán: Coronavirus no debe impedir las garantías del sistema de justicia

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, se refirió sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia en el marco de la propagación de contagios del coronavirus (COVID-19).

Sobre ello, aseguró que tanto la inmovilidad como la cuarentena podrían verse afectados por la enfermedad y que para ello se debería contar con un sistema “operativo e independiente”.

“La crisis COVID-19 ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad”, escribió en su artículo publicada en la página oficial de la ONU.

Asimismo, enfatizó que dicha pandemia mundial “erosiona” en la estabilidad económica y social de todos los países de Latinoamérica por lo que podría haber un incremento de la violencia, delincuencia y afectar la estabilidad institucional de los organismos de justicia.

“Es indispensable una racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios […] Podrían ponerse en segundo plano asuntos como el enjuiciamiento de delitos menores y casos civiles o económicos, por ejemplo”, sostuvo el excanciller peruano.

Por otro lado, García Sayán, advirtió que hay un “enorme riesgo” dentro de los centros penitenciarios de la mayoría de países y que se deberían plantear “otras alternativas” a la privación de la libertad, así como para los detenidos político y los que cometen delitos menores.

Finalmente, el exministro de Justicia en el Perú, consideró que todos los jueces, fiscales, magistrados y demás personal de justicia “deben recibir una atención especial de salud en la aplicación de los test de descarte” por lo que tienen que estar presentes en las audiencias e interactuar con los demás abogados, funcionarios y autoridades.

“La innovación y el trabajo en línea son esenciales, especialmente por parte de tribunales y jueces que tienen que decidir asuntos relacionados con los derechos humanos o una situación de inseguridad creciente que se prevé. Las cuarentenas y el ‘distanciamiento físico’ no deberían impedir que el sistema judicial siga las garantías del debido proceso”, agregó.