Rivera: Caso Yehude Simon refleja que no hay uso excesivo de la prisión preventiva

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, expresó este lunes que la decisión del Poder Judicial de declarar infundado el requerimiento del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon demuestra que no hay un uso excesivo de esa medida de restricción.

“Esto refleja que no existe una suerte de política o decisión ex profesa de meter a prisión preventiva a todos los investigados, existan o no elementos de convicción de riesgo procesal”, declaró el letrado a Andina.

Asimismo, Rivera también mencionó que la resolución de la jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no es un golpe para el Equipo Especial Lava Jato, al considerar que era el fiscal José Domingo Pérez quien dirigía esta investigación.

Esta es la primera vez que el Poder Judicial no acepta un pedido del Equipo Especial Lava Jato de prisión preventiva en contra de un investigado que afronte detención preliminar.

“Lo determinado por la jueza es una muestra de la buena salud del sistema de justicia. [...] Casi en todos los casos usó detención preliminar que tuvo fines utilitarios importantes. Mantener la estrategia de solicitud de prisión preventiva y que no se le haya dado en el caso de Simon no deslegitima su trabajo”, continuó.

Respecto a ello, el abogado señaló que los representantes del Ministerio Público avanzaron en el caso que involucra al también exgobernador regional de Lambayeque con la incorporación de elementos de convicción que darían cuenta de la vinculación con el hecho delictivo motivo de investigación.

“Aparentemente sí hubo pagos y eso podría determinar una circunstancia complicada hacia el futuro inmediato para Yehude Simon”, agregó.

Decisión del Poder Judicial en caso Yehude Simon

El último domingo 8 de marzo, tras una hora y media de audiencia, la jueza María Álvarez Camacho resolvió que no habían elementos suficientes para sostener la existencia de peligros procesales, como la posibilidad de obstrucción a la justicia y peligro de fuga, en el caso de Yehude Simon.

La magistrada solo impuso una orden de comparecencia con restricciones y una caución de 30 000 soles.