Cusco: Aprueban suspender a alcalde de Canchis por controvertidos audios

Cusco. El alcalde de la provincia de Canchis, Jorge Callo Quispe, quedaría suspendido de su cargo por un plazo de 30 días, por decisión del Concejo Municipal. La medida se acordó en medio de una accidentada y desordenada sesión que inició con varias horas de retraso y se extendió hasta la madrugada de este miércoles.

Fueron siete de once regidores que decidieron la suerte del cuestionado burgomaestre. Acordaron la sanción alegando que Callo Quispe infringió gravemente lo establecido en el código de ética del y el Reglamento Interno del Consejo municipal.

En un principio, los consejeros plantearon una suspensión de 180 días, pero tuvieron que cambiar el periodo a 30 días. Estaban incurriendo en un error de acuerdo a las normas del Jurado Nacional de Elecciones.

Al finalizar la sesión, el alcalde Jorge Quispe dejó en claro que apelará la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se mostró confiado en que el ente electoral declarará nulo la decisión acordada por la mayoría del Consejo municipal.

Audios fueron protagonistas en debate

Fue el abogado Luis Mamani quien se encargó de sustentar el pedido en representación de los regidores solicitantes. Adujo que Quispe Callo vulneró el reglamento interno y el código de ética del concejo municipal al ir contra la moral. Mostró los audios que involucran a la cuestionada autoridad en una conversación con un proveedor. Quispe le habría solicitado una camioneta Fortuner a cambio de favorecerlo en una licitación.

Audio bajo la manga

En su defensa, Quispe Callo negó la veracidad de los audios y dijo que, desde el inicio de su gestión, fue víctima de hostigamiento de parte de sus opositores. Presentó una serie de audios, en los que supuestamente se planeaba un complot en su contra.

Óscar Matuti, especialista en temas electorales, se encargó de la defensa del burgomaestre. Basó su tesis en que el Reglamento Interno no puede estar por encima de la Constitución. Añadió que su representado no tiene sentencia consentida penal para que proceda una suspensión. “Este es un tema electoral, no judicial", afirmó al pleno.