Secuestro judicial

Me llama profundamente la atención que el Estado pueda decir que seis años de la tramitación de una acción de amparo en un proceso de puro derecho es un plazo regular.

Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en tres años la administración de justicia no había respondido a nuestra demanda. Pasaron tres años más y la Comisión Interamericana le pregunta al Estado peruano por qué no están atendiendo esta demanda en un plazo razonable.

La Convención Americana garantiza que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en un plazo razonable. Me sorprende que el Estado haya respondido que estamos en un plazo razonable. La respuesta del procurador y del Ministerio de Justicia es que este es un proceso complejo, cuando nadie lo ha declarado así.

Nosotros no somos una organización criminal ni estamos demandando a una organización criminal. Es un proceso de puro derecho, no hay que actuar ninguna prueba. Es la aplicación de un artículo de la Constitución.

Si el juez no nos quiere dar la razón, nos puede decir que no para poder apelar y subir a la instancia siguiente.

Pero el juez ha decidido secuestrarnos, esto es un secuestro judicial. Estamos cerca del séptimo año en su juzgado sin que nos dé una resolución. Eso es un abuso judicial en la idea de que vamos a abandonar el proceso. Dos de los denunciantes originales han muerto, Enrique Zileri y Mario Saaveda Pinon. Nosotros no vamos a abandonar el proceso.

Espero que, después que la Comisión lea nuestra respuesta al Estado peruano, tramite el caso con la mayor agilidad posible, directamente hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos