La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizará investigación contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, así como a seis exfuncionarios de la gestión del exburgomaestre David Cornejo Chinguel por el delito de negociación incompatible por el caso de la cuestionada Ordenanza n.º 007-2019, que autorizó el acceso del transporte de carga y descarga en la ciudad de Chiclayo.
Así lo reveló el fiscal anticorrupción, Óscar Guevara Gilarmas, quien precisó que en el marco de sus competencias y luego de haber recepcionado el informe de la Policía Anticorrupción, la cual desarrolló una serie de diligencias, se formalizará la etapa de la investigación preparatoria que persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permita decidir si formula o no acusación contra los imputados.
De acuerdo a la Carpeta Fiscal n.º 012-2019, la investigación en curso también comprende a doce ediles que en sesión de concejo votaron para la aprobación de esta medida.
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Ellos son: Junior Vásquez Torres (primer regidor), Ricardo Lara Doig, Pedro Ubillús Falla, María Berna Cleghorn, Randy Vegas Díaz, Andrés Calderón Purihuamán, Karina Villegas Campos, José Nakamine Kobashigawa, Felipa Orosco Nuntón, Carlos Montenegro Gonzales, Javier Montenegro Cabrera y el vacado regidor Marino Olivera Cruzado.
En este caso están comprendidos como presuntos cómplices de la aprobación de la ordenanza, Luis Gasco, hermano del alcalde Marcos Gasco, además del amigo de la familia Gasco, Igor Garbich Ubillús y el munícipe Andrés Calderón Purihuamán, quienes son empresarios de transporte de carga pesada y habrían influido en la aprobación de la ordenanza, en razón al beneficio que recibirían al permitirles el ingreso de sus vehículos de carga pesada en la urbe.
Guevara Gilarmas indicó que la investigación preparatoria se concretará la próxima semana, la que incluye a exfuncionarios de Cornejo por haber otorgado permisos hasta por 30 días para el desplazamiento de vehículos, pese a la vigencia de una ordenanza que prohibía la circulación de este tipo de transportes.