Lucha contra la corrupción en propuestas de candidatos en Cusco

José Víctor Salcedo

La corrupción es el principal problema del país, según los ciudadanos peruanos. Luchar contra ella se ha convertido en una prioridad del gobierno del presidente Martín Vizcarra y es parte del discurso de muchos sectores políticos, sindicales y sociales. Según el “Primer Reporte de la Corrupción en el Perú” de la Defensoría del Pueblo (2017), el país pierde alrededor de 12 mil millones de soles anuales por causa de la corrupción.

“Combatir la corrupción” es la frase que repiten todos los postulantes al Congreso. Juntos por el Perú (JP), aliado de Nuevo Perú, propone muerte civil para los empresarios corruptos. Es decir, que aquellas firmas como Odebrecht ya no podrían volver a contratar ni vincularse con el Estado. En caso de reincidencia de la empresa, propone la nacionalización de las mismas, dijo Rosmery Roca. Arturo Ferro, de Democracia Directa, coincide con esa propuesta. Agrega que se debe añadir elevar la inhabilitación hasta 20 años por delitos de corrupción.

Ruth Lazarte, de JP, impulsará una iniciativa para que los delitos de corrupción nunca prescriban y otra dirigida a la modificación del Código de Ética de la Función Pública para que aquellos que cometan delitos contra la administración pública sean inhabilitados de por vida.

El candidato del Apra, Darwin Urquizo, plantea que aquellas personas sentenciadas en primera instancia no puedan postular a un cargo de elección popular. Para ello se debe impulsar una reforma de la Constitución. Por su parte, Selene López, del Frente Amplio, refiere que debe haber participación de la ciudadanía y mecanismos de elección y control para fiscalizar el trabajo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de los magistrados.

El exprocurador anticorrupción de Cusco, Henry Delgado Urrutia, consideró que los candidatos deberían priorizar una ley que disponga una mayor dotación presupuestal para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Eso permitiría tener mejor logística, más personal y contar con peritos.

En tanto, para la también exprocuradora anticorrupción Dora Monzón, debe recuperarse en el Código Penal la disposición de que las sentencias en primera instancia se cumplen de inmediato, sin esperar la decisión de segunda instancia. También propone se emita una ley de protección para los denunciantes de actos de corrupción, porque a veces estos ciudadanos suelen ser amedrentados.